miércoles, 30 de marzo de 2011

NARCO ESTADO POR UN PELO

NARCO ESTADO POR UN PELO

Por Francisco Narrea San Miguel

Con el aumento de las áreas cultivadas de coca, el incremento en la producción de cocaína, y el narcofinanciamiento de campañas electorales de algunos políticos en el Perú, estamos viviendo el auge del narcotráfico. Pareciera que la disputa electoral es por el control de un narco Estado, donde las instituciones políticas están influenciadas, o controladas, por los cárteles de la droga cuyos actores son simultáneamente autoridades o funcionarios gubernamentales y narcotraficantes. En Colombia, Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de la historia fue Congresista por Medellín; los cárteles colombianos financiaron la campaña de mas de un Presidente de ese país, buscando impunidad, protección y amparo del Poder del Estado.

El ex Presidente Toledo, en plena campaña electoral propone la legalización de las drogas, suponiendo que con esa medida, el Perú ya no estaría amenazado por el narcotráfico y se expulsaría a los cárteles del negocio. Es cierto que la represión violenta de la producción y el tráfico de drogas, no ha tenido éxito, sobre todo en el Perú; pero también es cierto, que no ha tenido éxito porque el poder del narcotráfico se ha extendido a los estamentos policiales y militares, corrompiendo sus instituciones, además de infiltrarse en las más altas esferas del poder. No se trata pues de claudicar ante el crimen organizado, sino de reorientar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, empezando con la expresa decisión y conducción política del Presidente de la República.

La ineficiencia del Estado frente al problema del narcotráfico, genera la suspicacia de un Estado corrupto; de instituciones políticas, judiciales y policiales corruptas. La ilegalidad e ineficiencia del Estado generan una alta rentabilidad para el negocio de las drogas. Esto lleva a la criminalidad y a la lucha por el control del mercado; frente a ello, el trabajo policial es de lucha contra el comercio callejero lo que resulta inútil, pues sus resultados no van mas allá de arrestos de paqueteros que inmediatamente son sustituidos por otros.

Legalizar la droga significaría atacar la demanda y orientar recursos a la educación y rehabilitación de los jóvenes, para evitar que estos caigan en el vicio de las drogas, lo cual es más difícil cuando existe una oferta que lo acerca al consumo; y por otro lado, no ganamos nada si es que los países consumidores no legalizan también. El tema de las drogas, se debe atacar en tres frentes: productor – proveedor - consumidor. La interdicción no es excluyente de la educación; sin embargo, el Estado no ha abordado ni uno ni otro. El consumo interno también se ha incrementado y la edad de inicio en las drogas ahora es de 11 y 12 años.

Sabemos que rezagos de Sendero Luminoso están involucrados en el narcotráfico con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, controlando importantes zonas de nuestro territorio nacional. Expertos en Washington, afirman que el 40% del territorio de Guatemala, está controlado por la delincuencia y los cárteles mexicanos del narcotráfico; en Colombia, a pesar de la lucha frontal de su gobierno, aún existen extensas zonas de su territorio en manos de las FARC y del narcotráfico. En el Perú, informes del DAS de Colombia señalan que llegaron a Caballococha y Cuchillococha 250 hombres armados para apoderarse de una ruta de cocaína hacia Europa. ¿A dónde camina el país?, si el Estado ni siquiera puede garantizar al campesino, que un cultivo alternativo le dará la seguridad económica que permita dejar los cultivos ilícitos.

En época electoral, los políticos firman compromisos contra la infiltración del narcotráfico; seguidamente, admiten haber recibido financiamiento del narcotráfico. Estando en el gobierno, vemos altos funcionarios involucrados con el crimen organizado y encontramos hasta cargamentos de droga en el avión presidencial. En estas circunstancias, donde el Estado no cumple su rol de lucha contra la criminalidad y donde existen altos niveles de impunidad ¿Qué le espera a nuestro país?

Si no adoptamos políticas públicas por la seguridad y la justicia, con el Presidente de la República a la cabeza, pronto tendremos organizaciones criminales fortalecidas y en el control de un narco Estado. (Publicado en Revista CO2 12ABR.2011 / www.CO2.com.pe)

martes, 8 de marzo de 2011

CARRETERA DE LOS ANDES

DÉFICIT DE US $ 25,000 MILLONES

Por Francisco Narrea San Miguel

Uno de los déficits mas graves que tiene el Perú, es el déficit de infraestructura, el mismo que según el Banco Interamericano de Desarrollo alcanza un total de US $ 25.000 millones; esta cifra, resulta de una serie de estudios que hizo el BID para evaluar el estado de la infraestructura de nuestro país. Este déficit se convierte en una de las principales desventajas competitivas del Perú. Según el Global Competitiveness Report 2009 – 2010, el Perú ocupa el puesto N° 102 en el ranking de Índice de Calidad de Infraestructura Total entre 133 economías del mundo. En los futuros proyectos de desarrollo y en la priorización de las inversiones del próximo gobierno, se deberían entonces contemplar estas cifras.

Cómo explicar este déficit en una economía que crece al 8% anual. El dinamismo de nuestra economía - formal - convive con altos niveles de pobreza y desnutrición, con precariedad en el empleo y con exclusión económica, social y política. Este crecimiento ha registrado un avance en varios indicadores sociales, pero no ha permeado –chorreado- suficientemente hacia la mayoría de la población y la pobreza todavía afecta a casi el 35% de los peruanos, con una alta incidencia en la zona rural. En la Región Ancash, una de las más ricas del país existe, desnutrición crónica en el 34% de la población infantil. La pobreza y el subempleo son factores que vulneran considerablemente nuestras perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo; consecuentemente, a futuro perjudicarían la gobernabilidad y estabilidad económica de nuestro país.

INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO

La desarticulación del territorio nacional impide el desarrollo de un mercado interno que generaría miles de puestos de trabajo y mejoraría también la calidad de vida para la población en general. El Presidente Alan García en su campaña electoral, anunció que una de las prioridades de su plan de gobierno sería el desarrollo de la infraestructura nacional, lo cual no se ha cumplido a cabalidad en el actual periodo. La construcción de vías de comunicación, la modernización de los puertos -incluyendo los fluviales- y la mejora de los aeropuertos, es esencial. En este contexto, la propuesta de Luis Castañeda Lossio de construir la Carretera de los Andes, por donde era en el incario el Camino de los Incas, con una extensión de 3,529 kms., es no sólo necesaria sino de vital prioridad, sobre todo considerando los tratados de libre comercio suscritos por el Perú.

En el Perú tenemos 14 millones de población pobre, pero la más pobre habita en las comunidades campesinas de la sierra, sobre todo la población alto andina que suman unos 5 millones de habitantes. Esta población ha estado excluida del crecimiento económico; como siempre, el Perú crece para la costa y margina a la sierra de la cual extrae sus recursos. Todos sabemos que nuestro crecimiento económico se basa en factores externos; no se sustenta en la diversificación productiva, ni en el crecimiento del mercado interno. Nuestra estructura productiva es la misma desde hace tres décadas y es dependiente de actividades primarias.

La Carretera de los Andes o longitudinal de la sierra, servirá para integrar nuestro territorio, fortalecer la competitividad y la diversificación de la estructura productiva, aprovechando los TLC para una mayor inserción internacional y asegurando un clima de inversión propicio para el desarrollo del sector privado. La productividad, la innovación y la generación de empleo son factores importantes para promover un desarrollo sostenido en el mediano y largo plazo. Paralelamente, la reforma del Estado y la descentralización, deben contribuir a mejorar la gestión pública, que garantice la mayor y mejor inversión en infraestructura. La promoción del desarrollo social y la inclusión, deben garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el empleo decente y mejorar la protección social.