Podemos preguntarnos en primer lugar, cuál es el marco normativo nacional y cuál es el rol de las instituciones involucradas, y aquí, es importante la doctrina en torno a lo que es la seguridad ciudadana; el orden interno y la seguridad nacional. Sabemos que la mayor parte de la población no entiende de estas cosas; la población sin embargo es la que padece el problema y es la que capta el mensaje de los sectores de oposición que cuestionan el rol del Estado, la población siente que el Estado es incapaz de garantizar un derecho fundamental de la persona humana, como es la libertad y la seguridad integral.
Es aquí donde los sectores “progresistas” cuestionan los roles del Estado liberal, que es el que prioriza la dignidad humana y la igualdad ante la Ley; protege el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada mediante instituciones que equilibran y limitan el poder político. El Estado es quien debe garantizar estos derechos de la persona frente a la violencia de terceros y las amenazas de la delincuencia y el crimen organizado. Sin embargo, el Congreso aprobó la Ley 32108 que modifica la Ley contra el crimen organizado, generando el rechazo de la ciudadanía. La Ley 32108 ha sido cuestionada por debilitar la lucha contra el crimen organizado, ya que cambia la tipificación del delito de organización criminal, y establece que los allanamientos judiciales se hagan con la presencia del investigado y sus abogados, entre otras medidas.
La Ley 32108 modifica el concepto de organización criminal, limitando su aplicación a delitos con penas mayores a seis años; un delito grave es aquel sancionado con pena mayor a seis años. Con ello se excluyen los delitos como trata de personas, extorsión, tráfico de órganos, estafa agravada, tala ilegal, tortura, corrupción de funcionarios, entre otros. Entonces vemos que no hay unidad de criterios entre instituciones del Estado que deberían establecer lineamientos y políticas públicas coherentes en favor del ciudadano. El Estado no reconoce los derechos y libertades del individuo como superiores al poder político; anteriores al poder del Estado; el Gobierno Central no ha observado esta Ley, incrementando la desconfianza del ciudadano en las instituciones del Estado.
Es necesario iniciar un proceso de reforma del sistema de administración de justicia, establecer los roles de cada institución involucrada y sus mecanismos de coordinación. Establecer penas mayores para el delito y la posesión ilegal de armas; y fortalecer el rol de la policía nacional, dotándola de mejores equipos, protegiendo al policía de las denuncias en el ejercicio de sus funciones. Paralelamente, mejorar los servicios de inteligencia y establecer el uso de la tecnología para geolocalizar los teléfonos usados en la extorsión, de manera que permitan su ubicación en tiempo real. Basta de medidas simplonas como prohibir el segundo pasajero en una moto lineal, o poner a los soldados armados con fusiles en las calles.
La APEC es solo una oportunidad de poner en vitrina frente al mundo, las deficiencias de un Estado liberal que no puede garantizar una ciudad libre del crimen, fortaleciendo la impunidad que es el anhelo de toda persona sin principios morales, propensa al delito, que busca no ser castigado. La APEC, es una ventana que utilizan los progres y caviares para movilizar masas con el fin de deslegitimar al gobierno, al congreso, a la policía y las instituciones.
