LA SEDICIÓN DE OLLANTA

En noviembre del 2000 publiqué este artículo. Ahora, a pesar de algunas discrepancias, creo que Don Isaac Humala, tiene razón cuando habla de sedición en el caso de Antauro Humala.
LA SEDICIÓN DE OLLANTA
CIVILICEMOS A LOS MILITARES (II)
Por Francisco Narrea San Miguel
El nivel de desarrollo democrático de un país se ve en las relaciones de la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas. El alzamiento en armas del teniente coronel EP Ollanta Humala es un reflejo del nivel de politización que existe en nuestras Fuerzas Armadas, lo cual atenta contra el sistema democrático. Las instituciones militares deben estar siempre al margen de los vaivenes de la política y de las luchas partidistas. No podemos tener Fuerzas Armadas oficialistas y Fuerzas Armadas de oposición; los militares, son depositarios de la fuerza en una nación. Su lugar no está en las sedes de gobierno. Tampoco pueden ser elegidos; sin embargo deberíamos reconocerles el derecho a elegir: A sufragar.
Tal vez uno de los peores errores del actual gobierno haya sido el instrumentalizar a las Fuerzas Armadas para ponerlas a su servicio. Tal vez el principal error de los sectores de oposición sea el instrumentalizar el alzamiento del comandante Humala, para utilizarlo como un paladín de la democracia, cuando por el contrario éste no hace otra cosa que atentar contra la legalidad, la subordinación y la disciplina que deben caracterizar a una institución apolítica, no deliberante, dedicada a la defensa de la comunidad nacional contra la agresión.
La admiración y el orgullo que tenemos los civiles, por quienes visten el uniforme de la patria, se han ido deteriorando en los últimos años. Hoy esperamos comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas respaldando al Presidente, para tener la certeza de que es un mandatario con poder. Esperamos que los militares tomen partido y así trasladamos la responsabilidad civil en la vida pública, a la esfera militar. La intromisión militar en la vida política nos parece un requisito para el sostenimiento de un régimen. Recordemos que el 5 de abril de 1992 el Ejército respaldó al presidente Fujimori; recordemos también, que en noviembre del mismo año, el descontento militar se manifestó en un intento de golpe. Esto atenta contra las libertades democráticas de nuestra nación; atentan también, contra el profesionalismo de la institución castrense, minando la moral de sus miembros, reemplazando el criterio técnico, institucional por el criterio político para el régimen de nombramientos y ascensos.
La sedición del comandante Ollanta no constituye una rebelión, es un acto focalizado, una muestra grave de indisciplina, y su debelamiento debe obedecer a esa falta de acuerdo al Código de Justicia Militar. En él podemos percibir una crisis de "identidad misional". No es ningún héroe, ningún paladín de la democracia o de la justicia. Sin embargo, su acción nos lleva al debate sobre la reconversión, la reingeniería y la justificación de las Fuerzas Armadas. Esta reconversión es parte de la reforma del Estado que debe desarrollar el próximo gobierno. Necesitamos una fuerza armada más tecnificada, más profesional, mas pequeña y mejor rentada que la actual.
A pesar de estas experiencias; desde el año 1980 el Perú vive un proceso de maduración y consolidación democrática y esto nos debe llevar a una nueva relación entre civiles y militares. En estos momentos de transición democrática, observamos cómo los militares pretenden retirarse ordenadamente a sus cuarteles, pretendiendo disposiciones legales tendentes a proteger al estamento militar como la propuesta de Ley de Amnistía para los involucrados en casos de terrorismo y narcotráfico. Felizmente esto no prosperó en la mesa de diálogo de la OEA.
En términos de seguridad, los procesos de integración económica y globalización minimizan la importancia de la fuerza militar. El gasto de defensa pasa a ser considerado un lastre para el crecimiento económico. Es necesario redefinir el concepto de seguridad, los mecanismos y actores más adecuados para proveerla las funciones, la organización y el tamaño de las Fuerzas Armadas y el nivel de gasto que nuestro país está dispuesto a brindarles. La política militar debe ser planificada a largo plazo y necesariamente estar referida a una definición estratégica contenida en la política de defensa nacional.
(Publicado en Expreso, Pág. 23; 08/11/2000)