CANON MINERO Y FUERZAS ARMADAS

La necesidad de fortalecer la capacidad operativa y repotenciar nuestras Fuerzas Armadas no requiere de mayor análisis; lo que si requiere de una seria evaluación, es la propuesta de destinar parte de los recursos del canon minero a este fin. Como sabemos, en Chile se destina el 10% de las ventas de CODELCO para el financiamiento de sus Fuerzas Armadas; y justamente, en ese país existen fuertes presiones para derogar esa Ley que muchos sectores consideran arcaica.

Si relacionamos una actividad productiva a la necesidad de financiar la repotenciación de nuestras fuerzas armadas, no deberíamos hablar tan solo de la minería sino de toda actividad productiva, llámese pesca, manufactura, etc., pues todas generan el impuesto a la renta. Lo que pasa, es que el incremento de la actividad minera y la bonanza en los precios de los minerales ha generado mayores ingresos para el Estado, llámese Gobierno Central y Gobiernos Descentralizados; entonces lo más fácil es recurrir a estos ingresos, que el Gobierno Central se ha dedicado a criticar como fuente de incapacidad de gasto para los Gobiernos Regionales y Locales.

Los recursos del canon minero son utilizados en inversión productiva para el desarrollo sostenible de las comunidades donde se explota el recurso natural; son utilizados en obras de infraestructura que están destinadas a combatir la pobreza. Cambiar el uso de estos recursos para destinarlos a la compra de armas, en un país donde hay tanta pobreza, y justamente en las zonas donde se explotan estos recursos naturales, es realmente un despropósito.

El Almirante Luís Giampietri, primer Vicepresidente de la República y Presidente de la Comisión de Inteligencia es uno de los más entusiastas promotores de este proyecto. Debemos tener en cuenta que ya existe un Fondo para la Defensa Nacional, que en el año 2006 ya recibió US $ 49 provenientes de las Regalías del proyecto gasífero de Camisea. El Sector Defensa requiere entre el 2006 y 2011 de US $ 606.9 para su repotenciación, pero también requerimos un manejo transparente del Fondo de Defensa Nacional.

Lo que mas requiere el país, es una reforma tributaria para disminuir la evasión tributaria y para una administración más eficiente de los tributos. Por ejemplo, las empresas de seguros de vida, no pagan IGV, lo que representa aproximadamente 250 millones de soles que deja de percibir el Estado al año. Por otra parte es bueno precisar que el canon minero lo constituye el 50% del Impuesto a la Renta que pagan las empresas por la explotación minera (minerales metálicos y no metálicos) ¿Qué hace el Gobierno Central con el otro 50%?

El Presidente García canjeo el Impuesto a las Sobreganancias Mineras ISG que ofreció en su campaña, por un “aporte voluntario” de las empresas, aporte que no guarda relación con las millonarias utilidades que hoy perciben estas empresas. Por ejemplo, en Huaraz, la minera Antamina incrementó sus ganancias de US $ 862 en el año 2005 a US $ 1628 en el 2006.

No se puede disminuir los recursos destinados a infraestructura, educación, salud, y otros destinados a disminuir la pobreza, que son administrados por los gobiernos descentralizados, y son precisamente las autoridades regionales y municipales quienes juegan un rol trascendental en la lucha contra la pobreza, pues son ellos los receptores inmediatos de las demandas mas sentidas de la población.

ILUSIÓN O DESILUSIÓN

A veces, la desilusión duele más que la ilusión,
a veces, la ilusión nos ciega y nos envuelve,
a veces, la desilusión nos muestra el propio ser,
a veces, la ilusión se convierte en obsesión,
a veces, la desilusión termina amando la ilusión.

FORSUR Y LA RECONSTRUCCION

Por: Francisco Narrea San Miguel

El miércoles 29 de agosto se publicó en el Diario Oficial El Peruano, la Ley Nº 29078, Ley que crea el FORSUR, con la finalidad de lograr la rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del 15 de agosto. Paralelamente, mediante una Ordenanza Regional, el Gobierno Regional de Ica ha creado la Corporación de Reconstrucción y Desarrollo de Ica – CRIDI, para las labores de reconstrucción de Ica. Tal parece que existe una duplicidad de funciones y competencias, pero lo que hay es una violación de autonomías, de los Gobiernos Regionales y Locales.

Obviamente el sismo del 15 de agosto es de una envergadura macro regional y ha tenido un profundo impacto sobre la economía nacional. No es solamente el drama de miles de familias que perdieron a sus seres queridos, su vivienda, u otro patrimonio; sino también, los miles de puestos de trabajo que desaparecieron. Los millones de soles que se pierden por la falta de mercado, por la reducción en la recaudación de tributos, por las miles de toneladas que dejarán de exportarse, perjudicando nuestra balanza comercial, debido a la reducción de las unidades productivas.

Sumamos a esto los millones de soles que deberán invertirse en las labores de reconstrucción. El incremento de victimas post sismo, debido a la falta de atención médica, a la malnutrición por la escasez de alimentos, a la falta de agua, la falta de combustible y de energía eléctrica. En una zona en la que el problema del empleo estaba casi resuelto, ahora se acrecienta la pobreza. Los traumas y sufrimientos personales, la sensación de inseguridad frente a la delincuencia, sumados al desorganizado y descoordinado accionar de las autoridades frente a la emergencia, terminan por mermar aún más la moral de todo un pueblo.

Hemos sido testigos de cómo el Presidente de la República con sus Ministros y algún otro Presidente Regional amigo, llegaron a la zona devastada, para “tomar el control” de la emergencia, avasallando a las autoridades locales y regionales involucradas, calificándolas de ineficientes, cuando la realidad es que todo el Sistema Nacional de Defensa Civil colapsó frente a este fenómeno de la naturaleza. El Gobierno Central fracasó en la etapa de emergencia, por lo que ya todos conocemos.

Ahora viene la etapa de la reconstrucción y el gobierno empezó nombrando un mal llamado Zar de la Reconstrucción, para dirigir el FORSUR. El término Zar se usa figurativamente para referirse a una persona que ejerce un gran poder o que actúa de manera autocrática. El llamado Zar de la reconstrucción es el empresario Julio Favre Carranza, que hace poco fuera nombrado miembro de la Comisión Consultiva del Ministerio de la Producción. En realidad un empresario cuestionado, que antes de su designación oficial ya se estaba reuniendo en Pisco con José Antonio Graña, empresario constructor de Graña y Montero. Esto es transparencia?

En realidad, la creación de FORSUR debió coordinarse con las autoridades regionales y municipales involucradas; las labores de reconstrucción deben estar a cargo de estas instancias de gobierno y no del Gobierno Central. Los Gobiernos Regionales y Locales, deben también gozar de las exoneraciones establecidas en los Artículos 7º y 8º de la Ley del FORSUR. También se debe modificar la composición de su Directorio, falta incluir a los Alcaldes Provinciales de Castrovirreyna y Huaytará. La participación de los representantes de la actividad privada, no tiene sentido. El actual Directorio cuenta con 19 miembros, de los cuales 11 son nombrados por el Presidente de la República. Esto no es descentralización.

Los Gobiernos Regionales y Locales deben garantizar la capacidad operativa de la reconstrucción. La participación de los ministros es para la evaluación sectorial de los daños y para la priorización de proyectos de inversión. Podemos estar de acuerdo que la zona devastada es una macroregión, que requiere una autoridad autónoma; pero con un Directorio en el cual tengan mayor participación las autoridades regionales y municipales.
Se deben realizar trabajos de demolición y limpieza de escombros. Reconstruir la infraestructura de vial, de telecomunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas, agua, desagüe, edificios públicos, etc., y en eso los Gobiernos Regionales y Municipales, cuentan con la experiencia y capacidad operativa que se necesita. Finalmente la reconstrucción debe mejorar la calidad de la infraestructura dañada o destruida. El FORSUR debe ser un elemento articulador de esfuerzos, coordinador de las tareas de reconstrucción; en su directorio se debe priorizar las acciones, proyectos a ejecutarse y el uso de los recursos. Las unidades ejecutoras deben ser los Gobiernos Regionales y Municipales.