Hasta ahora, el Estado no ha sido capaz de cumplir uno de sus objetivos fundamentales, que es garantizar la seguridad de la población. Todos los días vemos las acciones del crimen organizado a nivel nacional, y también vemos las respuestas del Estado en todos sus niveles y, todas ellas superficiales y mediáticas como la actual propuesta del Defensor del Pueblo, quien propone restringir el uso de motos lineales entre las 18 hrs y las 06 hrs., señalando que los delitos de extorsión y sicariato se cometen usando una motocicleta en el horario entre las 18 y las 6 hrs., “horas punta del crimen”.
Hubo otras propuestas similares de alcaldes; del Ministerio de Transportes y ahora de la Defensoría, restringiendo el uso de motocicletas a una sola persona; o en horarios limite y hasta de prohibición total sobre su uso. Probablemente tenga algún impacto positivo en la reducción del crimen, siempre y cuando haya un control estricto de su cumplimiento (que sabemos no habrá); pero ¿Cuál sería el costo o daño colateral? ¿Cuántas familias serían perjudicadas al no poder trabajar en delivery en esas hr punta de pedidos? ¿Cuántos negocios perderían miles de ventas al no poder entregar los pedidos de su clientela? ¿Cuántos negocios conexos o relacionados dejarían de vender?, por ejemplo, combustibles, lubricantes, llanteros, mecánicos de motos, venta de menús para los moteros, etc.
Es cierto que los delitos de sicariato, extorsión y robo agravado se cometen con el uso de motocicletas; pero ese no es el problema de fondo. Por ejemplo ¿Qué hacen los delincuentes sin un arma?, aunque tuviesen moto no podrían cometer un delito. ¿Por qué hay penas tan leves para los que ilegalmente portan un arma?; a finales de los 90 se dieron normas tales como la Ley Contra el Pandillaje Pernicioso; Ley Contra la Posesión de Armas de Guerra; Ley Contra el Terrorismo Agravado y otras, que luego fueron modificadas favorablemente al crimen. Con ello sumado al accionar tan sospechoso de la fiscalía, la policía y del propio poder judicial, lo que ha logrado el Estado es fortalecer la impunidad.
El Dr. Álvarez Miranda, expresidente del TC, expresó que, de aprobarse esta norma propuesta por el Defensor, podría declararse inconstitucional por el TC, porque restringe derechos fundamentales, restringe la libertad y no es proporcional ni racional. Esta propuesta tampoco obedece a un diagnóstico de los sectores competentes como la PNP y el MININTER. Contrariamente a lo que señala el Defensor; los reportes del Sistema Informático de Denuncias Policiales, señala que la mayor cantidad de denuncias por extorsión se presenta entre las 7 am y las 6 pm.
Realmente, no hay políticas públicas abordadas con seriedad y responsabilidad por parte del Estado; solo propuestas para la prensa o con fines de figuretismo político, como la propuesta del Congresista Cueto de la bancada de Renovación Popular, de blindar las unidades de transporte público. Parece que el ex Comandante General de la Marina, no tiene idea de lo que se requiere para blindar un vehículo. Y los temas de fondo: la reforma de la Policía Nacional, del Ministerio Público y del Poder Judicial ¿para cuándo?).
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