¿SE DEBE ELIMINAR EL VOTO DE LOS MILITARES?

Hace 20 años inicie una serie de publicaciones sustentando el porqué del voto de los militares; hoy, escucho con asombro al Presidente Ollanta Humala (militar en retiro) cuestionar el voto de los militares. No demos marcha atras, el voto de los militares no es una conquista, es un derecho.

CIVILICEMOS A LOS MILITARES (I)
Por Francisco Narrea San Miguel
La democracia es un sistema político fundado sobre el pluralismo ideológico, él equilibrio de poderes y el respeto a la voluntad soberana del pueblo al elegir a sus representantes. Un país democrático cuenta con una Constitución que respeta estos principios, con unas fuerzas armadas que la respaldan y deben subordinación absoluta al presidente constitucional.
En un país con régimen dictatorial, las fuerzas armadas ejercen el poder absoluto del Estado o convienen con el dictador en ejercerlo. Es decir, no se subordinan a la dictadura civil, sino pactan con el dictador, en función de sus propios intereses o expectativas.
Para saber cuan profunda es la cultura democrática de una nación, es preciso conocer, la relación entre la sociedad civil y la militar. En anteriores oportunidades y en muchos países de América Latina, los militares sufriendo una deformación ideológica originada por la “doctrina de la seguridad nacional” se han sentido superiores a los civiles y han cuestionado esa subordinación a la autoridad civil, apoyando dictaduras o formando un gobierno militar.
En el Perú, determinados sectores políticos y económicos han tratado de instrumentalizar a las fuerzas armadas para apartarlas de sus funciones y ponerlas a su servicio.
El cuestionamiento por las fuerzas armadas de la autoridad política se origina en la negación de la calidad de ciudadanos a los militares. Si éstos perciben a la democracia como un valor necesario, el sistema democrático los ha excluido del derecho de elegir, olvidando que el militar, como hombre, es igualmente un animal político que piensa y no se conforma con ser simple espectador de los problemas nacionales.
No olvidemos que los militares rotan por el país, percibiendo los problemas del pueblo. Y menos podemos olvidar que están enfrentándose, en una guerra no sólo militar, sino también política, a la subversión. Entonces, ¿por qué no integrarlos a la civilidad?
Por las características propias de su organización y medios, es una fuerza que jamás debe actuar fuera de su marco jurídico. No debe ser utilizaba para desnaturalizar su propia función protectora de la Constitución, para alterar la estructura orgánica del Estado o para apartar a la nación de la vía democrática. Es cierto que la situación de violencia generalizada que vive el país impide la actuación normal de las fuerzas armadas y policiales; pero de ninguna manera se puede justificar una amenaza a la libertad y al Estado de Derecho.
Las fuerzas armadas y policiales se ven acosadas permanentemente por la subversión y, también, por la clase política que, lejos de asumir su rol en la guerra contra la subversión, traslada esta responsabilidad al campo militar. De ahí que, a pesar de la captura de sus cabecillas, Senderó Luminoso continúe la guerra.
En esta situación, como todo grupo humano, las fuerzas armadas podrían tener dos posibles reacciones: rebelarse contra el orden constitucional o desmoralizarse e inhibirse.
La primera reacción puede haber contribuido a respaldar o a estimular al ingeniero Fujimori a dar el golpe de Estado. La segunda mucho más perjudicial para el país fue alimentada por la corrupción y lentitud del aparato judicial para sentenciar a los terroristas, y por la indiferencia del propio Estado para defenderse de la subversión.
El principal esfuerzo; hoy, debe dedicarse a combatir el narcotráfico y la subversión. Las fuerzas armadas necesitan mayores recursos y una clara dirección política para defender a la comunidad nacional contra la agresión subversiva. En las actuales condiciones, es difícil exigirle el grado de eficacia que el país requiere.
El frustrado intento de golpe contra el Jefe de Estado no es un hecho aislado, es una muestra de que algo pasa al interior de las fuerzas armadas: no están en condiciones de resistir presiones o indebidas interferencias políticas que atenían contra su profesionalismo.
Se ha especulado sobre un golpe institucionalista, por medidas discriminatorias contra los oficiales que, reemplazando el criterio técnico e institucional por uno político para los nombramientos y ascensos, están minando la moral de los miembros de las fuerzas armadas. Se dice, además, que se estaría mellando su independencia e imparcialidad ante los antagonismos que caracterizan la vida política de cualquier nación.
La condición de ciudadano que debe reconocérsele a cada militar una de cuyas manifestaciones es el derecho al voto no significa que tengan derecho a la actividad política como estamento, pues es prerrogativa de la sociedad civil.
La participación civil, por otro lado, tampoco debe suplantar ni obstruir la acción militar, sino complementarla.
La pacificación y el desarrollo del país son, pues, tareas solidarias de todos los peruanos. En las sociedades verdaderamente libres, jamás se puso en tela de juicio la solidaridad que existe entre civiles y militares.
(Publicado en Expreso, Pág. 19; 08/12/1992)

LA SEDICIÓN DE OLLANTA

En noviembre del 2000 publiqué este artículo. Ahora, a pesar de algunas discrepancias, creo que Don Isaac Humala, tiene razón cuando habla de sedición en el caso de Antauro Humala.
LA SEDICIÓN DE OLLANTA
CIVILICEMOS A LOS MILITARES (II)
Por Francisco Narrea San Miguel
El nivel de desarrollo democrático de un país se ve en las relaciones de la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas. El alzamiento en armas del teniente coronel EP Ollanta Humala es un reflejo del nivel de politización que existe en nuestras Fuerzas Armadas, lo cual atenta contra el sistema democrático. Las instituciones militares deben estar siempre al margen de los vaivenes de la política y de las luchas partidistas. No podemos tener Fuerzas Armadas oficialistas y Fuerzas Armadas de oposición; los militares, son depositarios de la fuerza en una nación. Su lugar no está en las sedes de gobierno. Tampoco pueden ser elegidos; sin embargo deberíamos reconocerles el derecho a elegir: A sufragar.
Tal vez uno de los peores errores del actual gobierno haya sido el instrumentalizar a las Fuerzas Armadas para ponerlas a su servicio. Tal vez el principal error de los sectores de oposición sea el instrumentalizar el alzamiento del comandante Humala, para utilizarlo como un paladín de la democracia, cuando por el contrario éste no hace otra cosa que atentar contra la legalidad, la subordinación y la disciplina que deben caracterizar a una institución apolítica, no deliberante, dedicada a la defensa de la comunidad nacional contra la agresión.
La admiración y el orgullo que tenemos los civiles, por quienes visten el uniforme de la patria, se han ido deteriorando en los últimos años. Hoy esperamos comunicados oficiales de las Fuerzas Armadas respaldando al Presidente, para tener la certeza de que es un mandatario con poder. Esperamos que los militares tomen partido y así trasladamos la responsabilidad civil en la vida pública, a la esfera militar. La intromisión militar en la vida política nos parece un requisito para el sostenimiento de un régimen. Recordemos que el 5 de abril de 1992 el Ejército respaldó al presidente Fujimori; recordemos también, que en noviembre del mismo año, el descontento militar se manifestó en un intento de golpe. Esto atenta contra las libertades democráticas de nuestra nación; atentan también, contra el profesionalismo de la institución castrense, minando la moral de sus miembros, reemplazando el criterio técnico, institucional por el criterio político para el régimen de nombramientos y ascensos.
La sedición del comandante Ollanta no constituye una rebelión, es un acto focalizado, una muestra grave de indisciplina, y su debelamiento debe obedecer a esa falta de acuerdo al Código de Justicia Militar. En él podemos percibir una crisis de "identidad misional". No es ningún héroe, ningún paladín de la democracia o de la justicia. Sin embargo, su acción nos lleva al debate sobre la reconversión, la reingeniería y la justificación de las Fuerzas Armadas. Esta reconversión es parte de la reforma del Estado que debe desarrollar el próximo gobierno. Necesitamos una fuerza armada más tecnificada, más profesional, mas pequeña y mejor rentada que la actual.
A pesar de estas experiencias; desde el año 1980 el Perú vive un proceso de maduración y consolidación democrática y esto nos debe llevar a una nueva relación entre civiles y militares. En estos momentos de transición democrática, observamos cómo los militares pretenden retirarse ordenadamente a sus cuarteles, pretendiendo disposiciones legales tendentes a proteger al estamento militar como la propuesta de Ley de Amnistía para los involucrados en casos de terrorismo y narcotráfico. Felizmente esto no prosperó en la mesa de diálogo de la OEA.
En términos de seguridad, los procesos de integración económica y globalización minimizan la importancia de la fuerza militar. El gasto de defensa pasa a ser considerado un lastre para el crecimiento económico. Es necesario redefinir el concepto de seguridad, los mecanismos y actores más adecuados para proveerla las funciones, la organización y el tamaño de las Fuerzas Armadas y el nivel de gasto que nuestro país está dispuesto a brindarles. La política militar debe ser planificada a largo plazo y necesariamente estar referida a una definición estratégica contenida en la política de defensa nacional.
(Publicado en Expreso, Pág. 23; 08/11/2000)

SERRANIA

SERRANIA

Niñachay, joven campesina
Mensajera del campo
Bella hechicera del ande
Cabellos con olor a hierbas

Echa sus aromas al viento
Como una flor de tierna hermosura
Mujer que diluye sus días entre ovejas
Transitando por altas montañas

Observando la magia de los nevados
Nieve perpetua de resplandor desafiante
Con sus riachuelos de agua continua
Transparente, ondeante que nutre y fecunda

Así vive la gente del campo
Gente pobre con su cosecha de trofeo
Ancianos que visten trajes viejos
Y apolillados para las fiestas

Almas que ya no sueñan,
La modernidad, el desarrollo,
La minería que opaco sus miradas
Una ola de sangre atraviesa mi pecho

Campo, su fragancia nos libera de amarguras
Quebrada misteriosa que espanta a la muerte
Amor, esperanza, renacimiento, fe
Así es nuestra sierra bendita.

AÑOS MARAVILLOSOS

AÑOS MARAVILLOSOS

De niño viví en una casa antigua
Una casa dulce, triste, llena de sueños,
Con fines de semana alegres y divertidos
Casa llena de cosas sencillas y grandes.

Había una inmensa paz y muchos recuerdos
Un violín me hacia vibrar como sus propias cuerdas,
La música me llenaba con su belleza
En mi patio habían flores rojas.

Mi padre, siempre leyendo
Mi madre, siempre atenta con su café,
Pico era un ángel, Maria Antonieta una santa
Ahora me apuran los años con tantas vivencias.

He ganado tanto, he perdido tanto
He viajado y anclado tantas veces,
Un profundo olor de jazmín perfuma mis noches
Mis horas transcurren trituradas por el jardin.

ALMA NEGRA

ALMA NEGRA
Frases bonitas que no se cumplen
detestable parche lírico
sonrisa fácil y fugaz
quimera de los andes
trajes oscuros como tu alma.

HASTA CUANDO LA REFORMA POLICIAL?

SEGURIDAD PÚBLICA DEBE SER LOCAL
REFORMA POLICIAL
Por Francisco Narrea San Miguel
Muchos países del mundo están re-evaluando los conceptos tradicionales del "militarismo" y este no es un trabajo meramente conceptual. Es necesario tener un sostén ideológico que oriente la decisión de nuestros legisladores para emprender la reforma policial. Con la guerra antisubversiva, la fuerza armada asumió un segundo rol, el policial, el de velar por la seguridad pública. Entonces para el común de la gente, el policía es un militar, no sabemos que la ideología militar es totalmente distinta a la del policía.
El militar jura velar por "la Patria". El policía es un empleado público al servicio de la comunidad y es, o debería ser una parte integrada en la sociedad civil. Un militar está entrenado para reaccionar de inmediato y destruir al "enemigo". El objetivo del policía no es destruir sino controlar el factor perturbante. Su trabajo se rige por el imperio de la ley y la protección de los derechos de la persona. El mando militar es vertical. El mando policial confía más responsabilidad en el agente que está en la calle, en el terreno de la acción.
Seguridad Pública es la plena vigencia del sistema democrático y del régimen constitucional. El respeto a la vida; la libertad y la integridad personal de sus habitantes. A la prevención del delito y su investigación a través del Poder Judicial, y a la preservación del orden y la tranquilidad pública, posibilitándose así el pleno goce de los derechos y libertades del ciudadano. El policía es un ciudadano uniformado. Por su vocación profesional; no debe recortársele su derecho a elegir, pues como persona humana también es parte de la sociedad.
La depuración de un gran porcentaje de sus cuadros de mando, por sí sola, no contribuye a su modernización, ni a mejorar su imagen. No basta con adoptar una medida política fácil. Las medidas políticas deben necesariamente ir acompañadas de otras medidas legales y técnicas. Las medidas políticas deben contemplar el nivel y las formas de depuración de la fuerza pública, la designación de los nuevos mandos, los mecanismos de control, y sobre todo, establecer qué fuerza pública queremos tener. Hasta hoy se han adoptado soluciones políticas coyunturales y no hemos concebido el conjunto del proceso.
Entre las medidas legales, tenemos que contar con normas que señalen su organización, funciones y competencias. En cuanto a las medidas técnicas, debemos estudiar los programas de formación, el nuevo despliegue, los recursos, equipamiento, etc. Todos los países desarrollados, por ejemplo, cuentan con una fuerza pública que depende directamente del gobierno municipal. En el Perú tenemos una gran experiencia con el serenazgo municipal, con un efecto disuasivo y previsor del delito. Deberíamos, por ejemplo, estudiar la posibilidad que la Policía de Tránsito pase a ser Municipal. Esta medida podría darse en una etapa de transición.
No enfrentar el problema de la modernización de la fuerza pública podría llevar a la Policía a dos posibles reacciones: responder agresivamente, revelándose, o desmoralizándose aún más e inhibirse. Me parece que ya son apreciables algunos síntomas de esta segunda reacción, lo que puede ser peligroso para el país. Qué otra cosa podemos esperar de una policía con salarios que no guardan relación con él grado de riesgo, especial dedicación, disciplina exigente, turnos cambiantes, jornadas laborales sobrecargadas y recursos técnicos y materiales mínimos.
Somos conscientes que en el corto plazo no podemos esperar cambios espectaculares en el campo de la economía, el empleo, la salud y la educación, pero sí podemos contribuir a que el pueblo retome plenamente su libertad. El uso de las libertades cotidianas como, el hecho de salir de casa a cualquier sin ser atacado por delincuentes debe ser velado por la policía local. Para ello necesitamos una fuerza pública eficaz, con la moral en alto, con el estatus profesional y económico que se merecen. La Policía Nacional merece más atención de la que hasta el momento viene recibiendo.
(Publicado en Expreso, Pág. 31; 18/03/2002)

¿ONP vs. AFP? No olvidemos el pasado.

LOS MITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por Francisco Narrea San Miguel
La seguridad social parte de un concepto de solidaridad. Por medio de ésta la sociedad proporciona protección a sus miembros con medidas que previenen las privaciones que son consecuencia de la enfermedad, accidentes, desempleo, vejez, muerte. En el Perú este concepto -por una colonización ideológica del socialismo- se entendió como una obligación (y un monopolio) del Estado en la administración de los fondos de pensiones. Para subvencionar la pobreza, dentro de un lógica que hacia depender a las personas del Estado. Es el mito del Estado benefactor.
Pero el Estado no es fuente de riquezas. Nuestra seguridad social se ha caracterizado por ser un sistema parasitario, que consume y dispone de la riqueza producida por los trabajadores -individuos privados-, beneficiando a unos a costa de las aportaciones de otros.
Tenemos un sistema donde los trabajadores más pobres se jubilan con pensiones miserables, tras 30 ó 35 años de aportación, mientras los mejor remunerados -y con poder de presión- lo hacen con 15 años de trabajo y hasta con 5 años de aportaciones. Este es el mito de la solidaridad en el sistema pensionario público.
El cambio de este sistema por uno privado de pensiones significa el fin de los privilegios que los grupos de presión han obtenido de los diferentes gobiernos. El Estado se dedicó a normar las edades de jubilación y los años de aportación, estableciendo un sistema punitivo para los que más aportan.
Así, por ejemplo, el Decreto Legislativo 21952 y la Ley 23370 establecen que “el trabajador marítimo, fluvial y lacustre podrá jubilarse con 55 años de edad, aplicando el régimen especial de jubilación, que permite obtener pensión con cinco años de aportación”. La ley 23908 estableció que “la pensión mínima legal es equivalente a tres sueldos mínimos vitales y que las pensiones, en general, debían reajustarse en periodos trimestrales y tomando en cuenta el índice de precios al consumidor”. La ley 24705 señala que “las amas de casa y/o madres de familia reconocidas como trabajadoras independientes, tienen derecho a incorporarse al régimen especial de jubilación, pudiendo obtener pensiones con sólo cinco años de aportación”.
Al margen de estas normas, los diversos gobiernos han otorgado similares privilegios a trabajadores de correos, periodistas, mineros, aviadores comerciales, trabajadores de construcción civil. El Estado legisló cediendo a presiones, sin tomar en cuenta el cálculo que diera solvencia a tal legislación, llevando a la crisis al Sistema Nacional de Pensiones. A ello hay que sumar las deficientes administraciones que dirigieron la Seguridad Social y dejaron al IPSS en el caos. Para julio de 1990, teníamos una institución sin liquidez y sin reservas; y con deudas fabulosas a laboratorios farmacéuticos y por servicios contratados. Era una institución poblacionalmente sobredimensionada y en ruinas.
Debemos reconocer que, con el doctor Castañeda Lossio, un moderno concepto de gerencia reemplaza, hoy, a la administración tradicional del IPSS y que, por primera vez, hay un equilibrio financiero de los regímenes que administra el IPSS. Se ha restablecido el principio de autoridad, las prestaciones son más oportunas y de mejor calidad, y hay mayor desconcentración y descentralización administrativa. En fin, la imagen institucional es diferente.
Por otro lado, las políticas de ajuste del gobierno han disminuido la masa asegurable, trasladando a gran parte a las planillas pasivas del IPSS. El desempleo ha reducido la relación entre aportantes y pensionistas, y la jubilación sirve de refugio a miles de despedidos del sector público y privado. En estos dos años, los pensionistas se incrementaron en 54,628, frente al promedio anual de 15,499 entre 1985 y 1989. Pese a ello, los 302 mil pensionistas del IPSS gozan de una pensión mensual, en promedio, de 115 dólares, frente a los 18 que percibían en agosto de 1990.
Ello no significa, sin embargo, que exista relación directa entre aportación y pensión: el sistema sigue siendo injusto; lo que cambiará con las AFP.
Con el sistema privado, habrá más solidaridad, al destinarse el 1% de la remuneración asegurable a programas de bienestar social, dirigidos a minusválidos y ancianos desvalidos. Con el sistema privado, ya no habrá la tendencia a ocultar ingresos y pagar el menor tiempo posible. Al contrario, esta tendencia se invertirá, pues el sistema de reparto simple es reemplazado por uno de capitalización, en el que la relación aportación-pensión es más directa.
Por otro lado, los profetas del apocalipsis laboral señalan que la mitad de los afiliados a las AFP morirá antes de jubilarse, jugando con el mito de la edad. La nueva legislación establece una edad de 65 años para percibir la pensión de jubilación, pero no es pertinente tomar como referencia la expectativa de vida al nacer, para fijar la edad de jubilación. Esta expectativa refleja, básicamente, la mortalidad infantil, que es muy elevada en nues¬tro país. Si por el contrario, tomamos en cuenta la ex¬pectativa de vida a los 20 ó 60 años - según estudios de la OIT-, ésta se asemeja a la de países industrializados.
Los regímenes de seguridad social en el Perú -el de prestaciones de salud y, sobre todo, el de pensiones- han frustrado las expectativas de sus beneficiarios. A pesar de que persiste el tutelaje -el Estado cautela la obligación de aportar-, con las AFP los trabajadores tendrán mayor autonomía, libertad y control sobre su futuro previsional.
Hay que tener en cuenta que un régimen de seguridad social es un servicio personal en beneficio de los miembros de la sociedad; un régimen cuya solidez y fuerza son un reflejo de la economía nacional, habiendo influencia recíproca entre seguridad social y desarrollo económico.
Con la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones ya no se utilizará a los jubilados y pensionistas como un caudal electoral que permitía a ciertos demagogos decir, lacrimogénicamente, que trabajarían por los viejitos.
(Publicado en Expreso, Pág. 19; 28/12/1992)

NARCO ESTADO POR UN PELO

NARCO ESTADO POR UN PELO

Por Francisco Narrea San Miguel

Con el aumento de las áreas cultivadas de coca, el incremento en la producción de cocaína, y el narcofinanciamiento de campañas electorales de algunos políticos en el Perú, estamos viviendo el auge del narcotráfico. Pareciera que la disputa electoral es por el control de un narco Estado, donde las instituciones políticas están influenciadas, o controladas, por los cárteles de la droga cuyos actores son simultáneamente autoridades o funcionarios gubernamentales y narcotraficantes. En Colombia, Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de la historia fue Congresista por Medellín; los cárteles colombianos financiaron la campaña de mas de un Presidente de ese país, buscando impunidad, protección y amparo del Poder del Estado.

El ex Presidente Toledo, en plena campaña electoral propone la legalización de las drogas, suponiendo que con esa medida, el Perú ya no estaría amenazado por el narcotráfico y se expulsaría a los cárteles del negocio. Es cierto que la represión violenta de la producción y el tráfico de drogas, no ha tenido éxito, sobre todo en el Perú; pero también es cierto, que no ha tenido éxito porque el poder del narcotráfico se ha extendido a los estamentos policiales y militares, corrompiendo sus instituciones, además de infiltrarse en las más altas esferas del poder. No se trata pues de claudicar ante el crimen organizado, sino de reorientar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, empezando con la expresa decisión y conducción política del Presidente de la República.

La ineficiencia del Estado frente al problema del narcotráfico, genera la suspicacia de un Estado corrupto; de instituciones políticas, judiciales y policiales corruptas. La ilegalidad e ineficiencia del Estado generan una alta rentabilidad para el negocio de las drogas. Esto lleva a la criminalidad y a la lucha por el control del mercado; frente a ello, el trabajo policial es de lucha contra el comercio callejero lo que resulta inútil, pues sus resultados no van mas allá de arrestos de paqueteros que inmediatamente son sustituidos por otros.

Legalizar la droga significaría atacar la demanda y orientar recursos a la educación y rehabilitación de los jóvenes, para evitar que estos caigan en el vicio de las drogas, lo cual es más difícil cuando existe una oferta que lo acerca al consumo; y por otro lado, no ganamos nada si es que los países consumidores no legalizan también. El tema de las drogas, se debe atacar en tres frentes: productor – proveedor - consumidor. La interdicción no es excluyente de la educación; sin embargo, el Estado no ha abordado ni uno ni otro. El consumo interno también se ha incrementado y la edad de inicio en las drogas ahora es de 11 y 12 años.

Sabemos que rezagos de Sendero Luminoso están involucrados en el narcotráfico con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, controlando importantes zonas de nuestro territorio nacional. Expertos en Washington, afirman que el 40% del territorio de Guatemala, está controlado por la delincuencia y los cárteles mexicanos del narcotráfico; en Colombia, a pesar de la lucha frontal de su gobierno, aún existen extensas zonas de su territorio en manos de las FARC y del narcotráfico. En el Perú, informes del DAS de Colombia señalan que llegaron a Caballococha y Cuchillococha 250 hombres armados para apoderarse de una ruta de cocaína hacia Europa. ¿A dónde camina el país?, si el Estado ni siquiera puede garantizar al campesino, que un cultivo alternativo le dará la seguridad económica que permita dejar los cultivos ilícitos.

En época electoral, los políticos firman compromisos contra la infiltración del narcotráfico; seguidamente, admiten haber recibido financiamiento del narcotráfico. Estando en el gobierno, vemos altos funcionarios involucrados con el crimen organizado y encontramos hasta cargamentos de droga en el avión presidencial. En estas circunstancias, donde el Estado no cumple su rol de lucha contra la criminalidad y donde existen altos niveles de impunidad ¿Qué le espera a nuestro país?

Si no adoptamos políticas públicas por la seguridad y la justicia, con el Presidente de la República a la cabeza, pronto tendremos organizaciones criminales fortalecidas y en el control de un narco Estado. (Publicado en Revista CO2 12ABR.2011 / www.CO2.com.pe)

CARRETERA DE LOS ANDES

DÉFICIT DE US $ 25,000 MILLONES

Por Francisco Narrea San Miguel

Uno de los déficits mas graves que tiene el Perú, es el déficit de infraestructura, el mismo que según el Banco Interamericano de Desarrollo alcanza un total de US $ 25.000 millones; esta cifra, resulta de una serie de estudios que hizo el BID para evaluar el estado de la infraestructura de nuestro país. Este déficit se convierte en una de las principales desventajas competitivas del Perú. Según el Global Competitiveness Report 2009 – 2010, el Perú ocupa el puesto N° 102 en el ranking de Índice de Calidad de Infraestructura Total entre 133 economías del mundo. En los futuros proyectos de desarrollo y en la priorización de las inversiones del próximo gobierno, se deberían entonces contemplar estas cifras.

Cómo explicar este déficit en una economía que crece al 8% anual. El dinamismo de nuestra economía - formal - convive con altos niveles de pobreza y desnutrición, con precariedad en el empleo y con exclusión económica, social y política. Este crecimiento ha registrado un avance en varios indicadores sociales, pero no ha permeado –chorreado- suficientemente hacia la mayoría de la población y la pobreza todavía afecta a casi el 35% de los peruanos, con una alta incidencia en la zona rural. En la Región Ancash, una de las más ricas del país existe, desnutrición crónica en el 34% de la población infantil. La pobreza y el subempleo son factores que vulneran considerablemente nuestras perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo; consecuentemente, a futuro perjudicarían la gobernabilidad y estabilidad económica de nuestro país.

INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO

La desarticulación del territorio nacional impide el desarrollo de un mercado interno que generaría miles de puestos de trabajo y mejoraría también la calidad de vida para la población en general. El Presidente Alan García en su campaña electoral, anunció que una de las prioridades de su plan de gobierno sería el desarrollo de la infraestructura nacional, lo cual no se ha cumplido a cabalidad en el actual periodo. La construcción de vías de comunicación, la modernización de los puertos -incluyendo los fluviales- y la mejora de los aeropuertos, es esencial. En este contexto, la propuesta de Luis Castañeda Lossio de construir la Carretera de los Andes, por donde era en el incario el Camino de los Incas, con una extensión de 3,529 kms., es no sólo necesaria sino de vital prioridad, sobre todo considerando los tratados de libre comercio suscritos por el Perú.

En el Perú tenemos 14 millones de población pobre, pero la más pobre habita en las comunidades campesinas de la sierra, sobre todo la población alto andina que suman unos 5 millones de habitantes. Esta población ha estado excluida del crecimiento económico; como siempre, el Perú crece para la costa y margina a la sierra de la cual extrae sus recursos. Todos sabemos que nuestro crecimiento económico se basa en factores externos; no se sustenta en la diversificación productiva, ni en el crecimiento del mercado interno. Nuestra estructura productiva es la misma desde hace tres décadas y es dependiente de actividades primarias.

La Carretera de los Andes o longitudinal de la sierra, servirá para integrar nuestro territorio, fortalecer la competitividad y la diversificación de la estructura productiva, aprovechando los TLC para una mayor inserción internacional y asegurando un clima de inversión propicio para el desarrollo del sector privado. La productividad, la innovación y la generación de empleo son factores importantes para promover un desarrollo sostenido en el mediano y largo plazo. Paralelamente, la reforma del Estado y la descentralización, deben contribuir a mejorar la gestión pública, que garantice la mayor y mejor inversión en infraestructura. La promoción del desarrollo social y la inclusión, deben garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el empleo decente y mejorar la protección social.

NARCOPOLÍTICA

NARCOPOLITICA
Por Francisco Narrea San Miguel
El narcotráfico se desarrolla de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y las drogas, después de las armas, constituyen el mercado mundial más grande. Este negocio mueve más de 500 mil millones de dólares al año. El doble del gasto anual en combustibles de EE UU y lo que consumen en drogas en ese país es equivalente al 50% del presupuesto militar norteamericano; siendo así el país de mayor demanda y el mayor consumidor del mundo. En el Perú, este negocio mueve 2 mil millones de dólares. El Perú es el mayor productor de hoja de coca del mundo, y tal vez, el mayor productor de pasta básica. Esto ha originado una relación de naturaleza compleja y multifacética entre ambos países y otros de la región.
Esporádicamente recibimos anuncios sobre algunos decomisos. Recientemente se incautó tres toneladas de pasta básica lavada de cocaína cuyo precio es de 400 millones de dólares en el mercado internacional. En mayo del año pasado, la policía le incautó a "los camellos" dos toneladas de PBC cuyo destino era el mercado europeo; vinculándolos a un congresista de la República. Recordemos que anteriormente "Vaticano" acusó al "ex asesor" presidencial de cobrarle un cupo de 50 mil dólares mensuales. No olvidemos a la fiscal antidroga condenada hace poco.
Salvo casos aislados, se conoce poco sobre las "mafias" del narcotráfico en el Perú, no sabemos cómo funcionan en realidad sus vinculaciones transnacionales, sus mecanismos financieros, cómo se articulan con el sector productivo, cómo se introducen en las más altas esferas del poder. Las medidas para controlar el lavado de dólares como una forma de abordar la fase financiera no ha dado los resultados esperados. Cada vez son mayores las multimillonarias ganancias que se "lavan" en sistemas bancarios privados. En estos momentos de desconcierto que vivimos los peruanos, por el descubrimiento de fabulosas cuentas del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, es necesario retomar el debate sobre uno de los principales problemas que debe afrontar el país.
EE UU pone ahora más énfasis en tomo a la demanda, sin embargo, el tema de las drogas no lo podemos enfrentar disminuyendo la atención a la problemática de los países productores como Perú y Bolivia. En Colombia, EE UU libra otra guerra (contra las FARC), que con un cinismo subterráneo llama la guerra contra las drogas a la guerra contra las guerrillas. Como se hizo en Argentina en la década de los 70, la guerra contra las drogas era una lucha antiguerrilla, con los resultados que conocemos. Olvidan que esta guerra no es un problema bilateral, sino es un problema de seguridad y estabilidad subregional. Los tentáculos que se introducen en el poder atentan contra la gobernabilidad y la vialidad democrática de nuestros países. La guerra contra las drogas no es contra una "conspiración roja", no es una guerra ideológica. En Colombia, las medidas represivas sólo han generado más violencia.
En el Perú, como dicen los americanos, estamos worse than ever en todos los aspectos. El poder económico del narcotráfico ha penetrado en las más altas esferas del sistema político y del aparato judicial. Con la guerra antisubversiva se habló de narcoterrorismo y se encargó a la FF AA la lucha contra el narcotráfico en las zonas de emergencia. Lo que se consiguió es que los cupos que cobraban Sendero y el MRTA sean trasladados a algunos jefes militares de la zona. Pero, ¿quién ubicaba a los jefes militares que debían combatir este negocio? ¿Quién digitaba el nombramiento de los jefes policiales antidrogas?.
La erradicación y la sustitución de cultivos han sido un completo fracaso. Mientras tanto, el narcotráfico se ha convertido en un negocio de políticos, militares y magnates que buscan nuevos; mercados y nuevos productos. Nuevas maneras de eludirlas "desinteresadas" acciones de interdicción. Es necesario dar un paso atrás, pero no para dar un gran; salto hacia delante (como decía Mao), sino para asumir una actitud crítica de análisis serio, para así replantear la lucha antinarcotráfico más de acuerdo a la realidad. Es importante una reflexión sobre las contradicciones sociales y políticas que la producción y comercialización de drogas ilegales genera en nuestra sociedad. No dejemos que la narcoburguesía se apodere de nuestro país.
(Publicado en Expreso, Pág. 23; 27/11/2000)