SERRANIA
Niñachay, joven campesina
Mensajera del campo
Bella hechicera del ande
Cabellos con olor a hierbas
Echa sus aromas al viento
Como una flor de tierna hermosura
Mujer que diluye sus días entre ovejas
Transitando por altas montañas
Observando la magia de los nevados
Nieve perpetua de resplandor desafiante
Con sus riachuelos de agua continua
Transparente, ondeante que nutre y fecunda
Así vive la gente del campo
Gente pobre con su cosecha de trofeo
Ancianos que visten trajes viejos
Y apolillados para las fiestas
Almas que ya no sueñan,
La modernidad, el desarrollo,
La minería que opaco sus miradas
Una ola de sangre atraviesa mi pecho
Campo, su fragancia nos libera de amarguras
Quebrada misteriosa que espanta a la muerte
Amor, esperanza, renacimiento, fe
Así es nuestra sierra bendita.
lunes, 22 de agosto de 2011
martes, 5 de julio de 2011
AÑOS MARAVILLOSOS
AÑOS MARAVILLOSOS
De niño viví en una casa antigua
Una casa dulce, triste, llena de sueños,
Con fines de semana alegres y divertidos
Casa llena de cosas sencillas y grandes.
Había una inmensa paz y muchos recuerdos
Un violín me hacia vibrar como sus propias cuerdas,
La música me llenaba con su belleza
En mi patio habían flores rojas.
Mi padre, siempre leyendo
Mi madre, siempre atenta con su café,
Pico era un ángel, Maria Antonieta una santa
Ahora me apuran los años con tantas vivencias.
He ganado tanto, he perdido tanto
He viajado y anclado tantas veces,
Un profundo olor de jazmín perfuma mis noches
Mis horas transcurren trituradas por el jardin.
De niño viví en una casa antigua
Una casa dulce, triste, llena de sueños,
Con fines de semana alegres y divertidos
Casa llena de cosas sencillas y grandes.
Había una inmensa paz y muchos recuerdos
Un violín me hacia vibrar como sus propias cuerdas,
La música me llenaba con su belleza
En mi patio habían flores rojas.
Mi padre, siempre leyendo
Mi madre, siempre atenta con su café,
Pico era un ángel, Maria Antonieta una santa
Ahora me apuran los años con tantas vivencias.
He ganado tanto, he perdido tanto
He viajado y anclado tantas veces,
Un profundo olor de jazmín perfuma mis noches
Mis horas transcurren trituradas por el jardin.
miércoles, 27 de abril de 2011
ALMA NEGRA
ALMA NEGRA
Frases bonitas que no se cumplen
detestable parche lírico
sonrisa fácil y fugaz
quimera de los andes
trajes oscuros como tu alma.
Frases bonitas que no se cumplen
detestable parche lírico
sonrisa fácil y fugaz
quimera de los andes
trajes oscuros como tu alma.
HASTA CUANDO LA REFORMA POLICIAL?
SEGURIDAD PÚBLICA DEBE SER LOCAL
REFORMA POLICIAL
Por Francisco Narrea San Miguel
Muchos países del mundo están re-evaluando los conceptos tradicionales del "militarismo" y este no es un trabajo meramente conceptual. Es necesario tener un sostén ideológico que oriente la decisión de nuestros legisladores para emprender la reforma policial. Con la guerra antisubversiva, la fuerza armada asumió un segundo rol, el policial, el de velar por la seguridad pública. Entonces para el común de la gente, el policía es un militar, no sabemos que la ideología militar es totalmente distinta a la del policía.
El militar jura velar por "la Patria". El policía es un empleado público al servicio de la comunidad y es, o debería ser una parte integrada en la sociedad civil. Un militar está entrenado para reaccionar de inmediato y destruir al "enemigo". El objetivo del policía no es destruir sino controlar el factor perturbante. Su trabajo se rige por el imperio de la ley y la protección de los derechos de la persona. El mando militar es vertical. El mando policial confía más responsabilidad en el agente que está en la calle, en el terreno de la acción.
Seguridad Pública es la plena vigencia del sistema democrático y del régimen constitucional. El respeto a la vida; la libertad y la integridad personal de sus habitantes. A la prevención del delito y su investigación a través del Poder Judicial, y a la preservación del orden y la tranquilidad pública, posibilitándose así el pleno goce de los derechos y libertades del ciudadano. El policía es un ciudadano uniformado. Por su vocación profesional; no debe recortársele su derecho a elegir, pues como persona humana también es parte de la sociedad.
La depuración de un gran porcentaje de sus cuadros de mando, por sí sola, no contribuye a su modernización, ni a mejorar su imagen. No basta con adoptar una medida política fácil. Las medidas políticas deben necesariamente ir acompañadas de otras medidas legales y técnicas. Las medidas políticas deben contemplar el nivel y las formas de depuración de la fuerza pública, la designación de los nuevos mandos, los mecanismos de control, y sobre todo, establecer qué fuerza pública queremos tener. Hasta hoy se han adoptado soluciones políticas coyunturales y no hemos concebido el conjunto del proceso.
Entre las medidas legales, tenemos que contar con normas que señalen su organización, funciones y competencias. En cuanto a las medidas técnicas, debemos estudiar los programas de formación, el nuevo despliegue, los recursos, equipamiento, etc. Todos los países desarrollados, por ejemplo, cuentan con una fuerza pública que depende directamente del gobierno municipal. En el Perú tenemos una gran experiencia con el serenazgo municipal, con un efecto disuasivo y previsor del delito. Deberíamos, por ejemplo, estudiar la posibilidad que la Policía de Tránsito pase a ser Municipal. Esta medida podría darse en una etapa de transición.
No enfrentar el problema de la modernización de la fuerza pública podría llevar a la Policía a dos posibles reacciones: responder agresivamente, revelándose, o desmoralizándose aún más e inhibirse. Me parece que ya son apreciables algunos síntomas de esta segunda reacción, lo que puede ser peligroso para el país. Qué otra cosa podemos esperar de una policía con salarios que no guardan relación con él grado de riesgo, especial dedicación, disciplina exigente, turnos cambiantes, jornadas laborales sobrecargadas y recursos técnicos y materiales mínimos.
Somos conscientes que en el corto plazo no podemos esperar cambios espectaculares en el campo de la economía, el empleo, la salud y la educación, pero sí podemos contribuir a que el pueblo retome plenamente su libertad. El uso de las libertades cotidianas como, el hecho de salir de casa a cualquier sin ser atacado por delincuentes debe ser velado por la policía local. Para ello necesitamos una fuerza pública eficaz, con la moral en alto, con el estatus profesional y económico que se merecen. La Policía Nacional merece más atención de la que hasta el momento viene recibiendo.
(Publicado en Expreso, Pág. 31; 18/03/2002)
REFORMA POLICIAL
Por Francisco Narrea San Miguel
Muchos países del mundo están re-evaluando los conceptos tradicionales del "militarismo" y este no es un trabajo meramente conceptual. Es necesario tener un sostén ideológico que oriente la decisión de nuestros legisladores para emprender la reforma policial. Con la guerra antisubversiva, la fuerza armada asumió un segundo rol, el policial, el de velar por la seguridad pública. Entonces para el común de la gente, el policía es un militar, no sabemos que la ideología militar es totalmente distinta a la del policía.
El militar jura velar por "la Patria". El policía es un empleado público al servicio de la comunidad y es, o debería ser una parte integrada en la sociedad civil. Un militar está entrenado para reaccionar de inmediato y destruir al "enemigo". El objetivo del policía no es destruir sino controlar el factor perturbante. Su trabajo se rige por el imperio de la ley y la protección de los derechos de la persona. El mando militar es vertical. El mando policial confía más responsabilidad en el agente que está en la calle, en el terreno de la acción.
Seguridad Pública es la plena vigencia del sistema democrático y del régimen constitucional. El respeto a la vida; la libertad y la integridad personal de sus habitantes. A la prevención del delito y su investigación a través del Poder Judicial, y a la preservación del orden y la tranquilidad pública, posibilitándose así el pleno goce de los derechos y libertades del ciudadano. El policía es un ciudadano uniformado. Por su vocación profesional; no debe recortársele su derecho a elegir, pues como persona humana también es parte de la sociedad.
La depuración de un gran porcentaje de sus cuadros de mando, por sí sola, no contribuye a su modernización, ni a mejorar su imagen. No basta con adoptar una medida política fácil. Las medidas políticas deben necesariamente ir acompañadas de otras medidas legales y técnicas. Las medidas políticas deben contemplar el nivel y las formas de depuración de la fuerza pública, la designación de los nuevos mandos, los mecanismos de control, y sobre todo, establecer qué fuerza pública queremos tener. Hasta hoy se han adoptado soluciones políticas coyunturales y no hemos concebido el conjunto del proceso.
Entre las medidas legales, tenemos que contar con normas que señalen su organización, funciones y competencias. En cuanto a las medidas técnicas, debemos estudiar los programas de formación, el nuevo despliegue, los recursos, equipamiento, etc. Todos los países desarrollados, por ejemplo, cuentan con una fuerza pública que depende directamente del gobierno municipal. En el Perú tenemos una gran experiencia con el serenazgo municipal, con un efecto disuasivo y previsor del delito. Deberíamos, por ejemplo, estudiar la posibilidad que la Policía de Tránsito pase a ser Municipal. Esta medida podría darse en una etapa de transición.
No enfrentar el problema de la modernización de la fuerza pública podría llevar a la Policía a dos posibles reacciones: responder agresivamente, revelándose, o desmoralizándose aún más e inhibirse. Me parece que ya son apreciables algunos síntomas de esta segunda reacción, lo que puede ser peligroso para el país. Qué otra cosa podemos esperar de una policía con salarios que no guardan relación con él grado de riesgo, especial dedicación, disciplina exigente, turnos cambiantes, jornadas laborales sobrecargadas y recursos técnicos y materiales mínimos.
Somos conscientes que en el corto plazo no podemos esperar cambios espectaculares en el campo de la economía, el empleo, la salud y la educación, pero sí podemos contribuir a que el pueblo retome plenamente su libertad. El uso de las libertades cotidianas como, el hecho de salir de casa a cualquier sin ser atacado por delincuentes debe ser velado por la policía local. Para ello necesitamos una fuerza pública eficaz, con la moral en alto, con el estatus profesional y económico que se merecen. La Policía Nacional merece más atención de la que hasta el momento viene recibiendo.
(Publicado en Expreso, Pág. 31; 18/03/2002)
¿ONP vs. AFP? No olvidemos el pasado.
LOS MITOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Por Francisco Narrea San Miguel
La seguridad social parte de un concepto de solidaridad. Por medio de ésta la sociedad proporciona protección a sus miembros con medidas que previenen las privaciones que son consecuencia de la enfermedad, accidentes, desempleo, vejez, muerte. En el Perú este concepto -por una colonización ideológica del socialismo- se entendió como una obligación (y un monopolio) del Estado en la administración de los fondos de pensiones. Para subvencionar la pobreza, dentro de un lógica que hacia depender a las personas del Estado. Es el mito del Estado benefactor.
Pero el Estado no es fuente de riquezas. Nuestra seguridad social se ha caracterizado por ser un sistema parasitario, que consume y dispone de la riqueza producida por los trabajadores -individuos privados-, beneficiando a unos a costa de las aportaciones de otros.
Tenemos un sistema donde los trabajadores más pobres se jubilan con pensiones miserables, tras 30 ó 35 años de aportación, mientras los mejor remunerados -y con poder de presión- lo hacen con 15 años de trabajo y hasta con 5 años de aportaciones. Este es el mito de la solidaridad en el sistema pensionario público.
El cambio de este sistema por uno privado de pensiones significa el fin de los privilegios que los grupos de presión han obtenido de los diferentes gobiernos. El Estado se dedicó a normar las edades de jubilación y los años de aportación, estableciendo un sistema punitivo para los que más aportan.
Así, por ejemplo, el Decreto Legislativo 21952 y la Ley 23370 establecen que “el trabajador marítimo, fluvial y lacustre podrá jubilarse con 55 años de edad, aplicando el régimen especial de jubilación, que permite obtener pensión con cinco años de aportación”. La ley 23908 estableció que “la pensión mínima legal es equivalente a tres sueldos mínimos vitales y que las pensiones, en general, debían reajustarse en periodos trimestrales y tomando en cuenta el índice de precios al consumidor”. La ley 24705 señala que “las amas de casa y/o madres de familia reconocidas como trabajadoras independientes, tienen derecho a incorporarse al régimen especial de jubilación, pudiendo obtener pensiones con sólo cinco años de aportación”.
Al margen de estas normas, los diversos gobiernos han otorgado similares privilegios a trabajadores de correos, periodistas, mineros, aviadores comerciales, trabajadores de construcción civil. El Estado legisló cediendo a presiones, sin tomar en cuenta el cálculo que diera solvencia a tal legislación, llevando a la crisis al Sistema Nacional de Pensiones. A ello hay que sumar las deficientes administraciones que dirigieron la Seguridad Social y dejaron al IPSS en el caos. Para julio de 1990, teníamos una institución sin liquidez y sin reservas; y con deudas fabulosas a laboratorios farmacéuticos y por servicios contratados. Era una institución poblacionalmente sobredimensionada y en ruinas.
Debemos reconocer que, con el doctor Castañeda Lossio, un moderno concepto de gerencia reemplaza, hoy, a la administración tradicional del IPSS y que, por primera vez, hay un equilibrio financiero de los regímenes que administra el IPSS. Se ha restablecido el principio de autoridad, las prestaciones son más oportunas y de mejor calidad, y hay mayor desconcentración y descentralización administrativa. En fin, la imagen institucional es diferente.
Por otro lado, las políticas de ajuste del gobierno han disminuido la masa asegurable, trasladando a gran parte a las planillas pasivas del IPSS. El desempleo ha reducido la relación entre aportantes y pensionistas, y la jubilación sirve de refugio a miles de despedidos del sector público y privado. En estos dos años, los pensionistas se incrementaron en 54,628, frente al promedio anual de 15,499 entre 1985 y 1989. Pese a ello, los 302 mil pensionistas del IPSS gozan de una pensión mensual, en promedio, de 115 dólares, frente a los 18 que percibían en agosto de 1990.
Ello no significa, sin embargo, que exista relación directa entre aportación y pensión: el sistema sigue siendo injusto; lo que cambiará con las AFP.
Con el sistema privado, habrá más solidaridad, al destinarse el 1% de la remuneración asegurable a programas de bienestar social, dirigidos a minusválidos y ancianos desvalidos. Con el sistema privado, ya no habrá la tendencia a ocultar ingresos y pagar el menor tiempo posible. Al contrario, esta tendencia se invertirá, pues el sistema de reparto simple es reemplazado por uno de capitalización, en el que la relación aportación-pensión es más directa.
Por otro lado, los profetas del apocalipsis laboral señalan que la mitad de los afiliados a las AFP morirá antes de jubilarse, jugando con el mito de la edad. La nueva legislación establece una edad de 65 años para percibir la pensión de jubilación, pero no es pertinente tomar como referencia la expectativa de vida al nacer, para fijar la edad de jubilación. Esta expectativa refleja, básicamente, la mortalidad infantil, que es muy elevada en nues¬tro país. Si por el contrario, tomamos en cuenta la ex¬pectativa de vida a los 20 ó 60 años - según estudios de la OIT-, ésta se asemeja a la de países industrializados.
Los regímenes de seguridad social en el Perú -el de prestaciones de salud y, sobre todo, el de pensiones- han frustrado las expectativas de sus beneficiarios. A pesar de que persiste el tutelaje -el Estado cautela la obligación de aportar-, con las AFP los trabajadores tendrán mayor autonomía, libertad y control sobre su futuro previsional.
Hay que tener en cuenta que un régimen de seguridad social es un servicio personal en beneficio de los miembros de la sociedad; un régimen cuya solidez y fuerza son un reflejo de la economía nacional, habiendo influencia recíproca entre seguridad social y desarrollo económico.
Con la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones ya no se utilizará a los jubilados y pensionistas como un caudal electoral que permitía a ciertos demagogos decir, lacrimogénicamente, que trabajarían por los viejitos.
(Publicado en Expreso, Pág. 19; 28/12/1992)
Por Francisco Narrea San Miguel
La seguridad social parte de un concepto de solidaridad. Por medio de ésta la sociedad proporciona protección a sus miembros con medidas que previenen las privaciones que son consecuencia de la enfermedad, accidentes, desempleo, vejez, muerte. En el Perú este concepto -por una colonización ideológica del socialismo- se entendió como una obligación (y un monopolio) del Estado en la administración de los fondos de pensiones. Para subvencionar la pobreza, dentro de un lógica que hacia depender a las personas del Estado. Es el mito del Estado benefactor.
Pero el Estado no es fuente de riquezas. Nuestra seguridad social se ha caracterizado por ser un sistema parasitario, que consume y dispone de la riqueza producida por los trabajadores -individuos privados-, beneficiando a unos a costa de las aportaciones de otros.
Tenemos un sistema donde los trabajadores más pobres se jubilan con pensiones miserables, tras 30 ó 35 años de aportación, mientras los mejor remunerados -y con poder de presión- lo hacen con 15 años de trabajo y hasta con 5 años de aportaciones. Este es el mito de la solidaridad en el sistema pensionario público.
El cambio de este sistema por uno privado de pensiones significa el fin de los privilegios que los grupos de presión han obtenido de los diferentes gobiernos. El Estado se dedicó a normar las edades de jubilación y los años de aportación, estableciendo un sistema punitivo para los que más aportan.
Así, por ejemplo, el Decreto Legislativo 21952 y la Ley 23370 establecen que “el trabajador marítimo, fluvial y lacustre podrá jubilarse con 55 años de edad, aplicando el régimen especial de jubilación, que permite obtener pensión con cinco años de aportación”. La ley 23908 estableció que “la pensión mínima legal es equivalente a tres sueldos mínimos vitales y que las pensiones, en general, debían reajustarse en periodos trimestrales y tomando en cuenta el índice de precios al consumidor”. La ley 24705 señala que “las amas de casa y/o madres de familia reconocidas como trabajadoras independientes, tienen derecho a incorporarse al régimen especial de jubilación, pudiendo obtener pensiones con sólo cinco años de aportación”.
Al margen de estas normas, los diversos gobiernos han otorgado similares privilegios a trabajadores de correos, periodistas, mineros, aviadores comerciales, trabajadores de construcción civil. El Estado legisló cediendo a presiones, sin tomar en cuenta el cálculo que diera solvencia a tal legislación, llevando a la crisis al Sistema Nacional de Pensiones. A ello hay que sumar las deficientes administraciones que dirigieron la Seguridad Social y dejaron al IPSS en el caos. Para julio de 1990, teníamos una institución sin liquidez y sin reservas; y con deudas fabulosas a laboratorios farmacéuticos y por servicios contratados. Era una institución poblacionalmente sobredimensionada y en ruinas.
Debemos reconocer que, con el doctor Castañeda Lossio, un moderno concepto de gerencia reemplaza, hoy, a la administración tradicional del IPSS y que, por primera vez, hay un equilibrio financiero de los regímenes que administra el IPSS. Se ha restablecido el principio de autoridad, las prestaciones son más oportunas y de mejor calidad, y hay mayor desconcentración y descentralización administrativa. En fin, la imagen institucional es diferente.
Por otro lado, las políticas de ajuste del gobierno han disminuido la masa asegurable, trasladando a gran parte a las planillas pasivas del IPSS. El desempleo ha reducido la relación entre aportantes y pensionistas, y la jubilación sirve de refugio a miles de despedidos del sector público y privado. En estos dos años, los pensionistas se incrementaron en 54,628, frente al promedio anual de 15,499 entre 1985 y 1989. Pese a ello, los 302 mil pensionistas del IPSS gozan de una pensión mensual, en promedio, de 115 dólares, frente a los 18 que percibían en agosto de 1990.
Ello no significa, sin embargo, que exista relación directa entre aportación y pensión: el sistema sigue siendo injusto; lo que cambiará con las AFP.
Con el sistema privado, habrá más solidaridad, al destinarse el 1% de la remuneración asegurable a programas de bienestar social, dirigidos a minusválidos y ancianos desvalidos. Con el sistema privado, ya no habrá la tendencia a ocultar ingresos y pagar el menor tiempo posible. Al contrario, esta tendencia se invertirá, pues el sistema de reparto simple es reemplazado por uno de capitalización, en el que la relación aportación-pensión es más directa.
Por otro lado, los profetas del apocalipsis laboral señalan que la mitad de los afiliados a las AFP morirá antes de jubilarse, jugando con el mito de la edad. La nueva legislación establece una edad de 65 años para percibir la pensión de jubilación, pero no es pertinente tomar como referencia la expectativa de vida al nacer, para fijar la edad de jubilación. Esta expectativa refleja, básicamente, la mortalidad infantil, que es muy elevada en nues¬tro país. Si por el contrario, tomamos en cuenta la ex¬pectativa de vida a los 20 ó 60 años - según estudios de la OIT-, ésta se asemeja a la de países industrializados.
Los regímenes de seguridad social en el Perú -el de prestaciones de salud y, sobre todo, el de pensiones- han frustrado las expectativas de sus beneficiarios. A pesar de que persiste el tutelaje -el Estado cautela la obligación de aportar-, con las AFP los trabajadores tendrán mayor autonomía, libertad y control sobre su futuro previsional.
Hay que tener en cuenta que un régimen de seguridad social es un servicio personal en beneficio de los miembros de la sociedad; un régimen cuya solidez y fuerza son un reflejo de la economía nacional, habiendo influencia recíproca entre seguridad social y desarrollo económico.
Con la creación del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones ya no se utilizará a los jubilados y pensionistas como un caudal electoral que permitía a ciertos demagogos decir, lacrimogénicamente, que trabajarían por los viejitos.
(Publicado en Expreso, Pág. 19; 28/12/1992)
miércoles, 30 de marzo de 2011
NARCO ESTADO POR UN PELO
NARCO ESTADO POR UN PELO
Por Francisco Narrea San Miguel
Con el aumento de las áreas cultivadas de coca, el incremento en la producción de cocaína, y el narcofinanciamiento de campañas electorales de algunos políticos en el Perú, estamos viviendo el auge del narcotráfico. Pareciera que la disputa electoral es por el control de un narco Estado, donde las instituciones políticas están influenciadas, o controladas, por los cárteles de la droga cuyos actores son simultáneamente autoridades o funcionarios gubernamentales y narcotraficantes. En Colombia, Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de la historia fue Congresista por Medellín; los cárteles colombianos financiaron la campaña de mas de un Presidente de ese país, buscando impunidad, protección y amparo del Poder del Estado.
El ex Presidente Toledo, en plena campaña electoral propone la legalización de las drogas, suponiendo que con esa medida, el Perú ya no estaría amenazado por el narcotráfico y se expulsaría a los cárteles del negocio. Es cierto que la represión violenta de la producción y el tráfico de drogas, no ha tenido éxito, sobre todo en el Perú; pero también es cierto, que no ha tenido éxito porque el poder del narcotráfico se ha extendido a los estamentos policiales y militares, corrompiendo sus instituciones, además de infiltrarse en las más altas esferas del poder. No se trata pues de claudicar ante el crimen organizado, sino de reorientar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, empezando con la expresa decisión y conducción política del Presidente de la República.
La ineficiencia del Estado frente al problema del narcotráfico, genera la suspicacia de un Estado corrupto; de instituciones políticas, judiciales y policiales corruptas. La ilegalidad e ineficiencia del Estado generan una alta rentabilidad para el negocio de las drogas. Esto lleva a la criminalidad y a la lucha por el control del mercado; frente a ello, el trabajo policial es de lucha contra el comercio callejero lo que resulta inútil, pues sus resultados no van mas allá de arrestos de paqueteros que inmediatamente son sustituidos por otros.
Legalizar la droga significaría atacar la demanda y orientar recursos a la educación y rehabilitación de los jóvenes, para evitar que estos caigan en el vicio de las drogas, lo cual es más difícil cuando existe una oferta que lo acerca al consumo; y por otro lado, no ganamos nada si es que los países consumidores no legalizan también. El tema de las drogas, se debe atacar en tres frentes: productor – proveedor - consumidor. La interdicción no es excluyente de la educación; sin embargo, el Estado no ha abordado ni uno ni otro. El consumo interno también se ha incrementado y la edad de inicio en las drogas ahora es de 11 y 12 años.
Sabemos que rezagos de Sendero Luminoso están involucrados en el narcotráfico con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, controlando importantes zonas de nuestro territorio nacional. Expertos en Washington, afirman que el 40% del territorio de Guatemala, está controlado por la delincuencia y los cárteles mexicanos del narcotráfico; en Colombia, a pesar de la lucha frontal de su gobierno, aún existen extensas zonas de su territorio en manos de las FARC y del narcotráfico. En el Perú, informes del DAS de Colombia señalan que llegaron a Caballococha y Cuchillococha 250 hombres armados para apoderarse de una ruta de cocaína hacia Europa. ¿A dónde camina el país?, si el Estado ni siquiera puede garantizar al campesino, que un cultivo alternativo le dará la seguridad económica que permita dejar los cultivos ilícitos.
En época electoral, los políticos firman compromisos contra la infiltración del narcotráfico; seguidamente, admiten haber recibido financiamiento del narcotráfico. Estando en el gobierno, vemos altos funcionarios involucrados con el crimen organizado y encontramos hasta cargamentos de droga en el avión presidencial. En estas circunstancias, donde el Estado no cumple su rol de lucha contra la criminalidad y donde existen altos niveles de impunidad ¿Qué le espera a nuestro país?
Si no adoptamos políticas públicas por la seguridad y la justicia, con el Presidente de la República a la cabeza, pronto tendremos organizaciones criminales fortalecidas y en el control de un narco Estado. (Publicado en Revista CO2 12ABR.2011 / www.CO2.com.pe)
Por Francisco Narrea San Miguel
Con el aumento de las áreas cultivadas de coca, el incremento en la producción de cocaína, y el narcofinanciamiento de campañas electorales de algunos políticos en el Perú, estamos viviendo el auge del narcotráfico. Pareciera que la disputa electoral es por el control de un narco Estado, donde las instituciones políticas están influenciadas, o controladas, por los cárteles de la droga cuyos actores son simultáneamente autoridades o funcionarios gubernamentales y narcotraficantes. En Colombia, Pablo Escobar, el narcotraficante más poderoso de la historia fue Congresista por Medellín; los cárteles colombianos financiaron la campaña de mas de un Presidente de ese país, buscando impunidad, protección y amparo del Poder del Estado.
El ex Presidente Toledo, en plena campaña electoral propone la legalización de las drogas, suponiendo que con esa medida, el Perú ya no estaría amenazado por el narcotráfico y se expulsaría a los cárteles del negocio. Es cierto que la represión violenta de la producción y el tráfico de drogas, no ha tenido éxito, sobre todo en el Perú; pero también es cierto, que no ha tenido éxito porque el poder del narcotráfico se ha extendido a los estamentos policiales y militares, corrompiendo sus instituciones, además de infiltrarse en las más altas esferas del poder. No se trata pues de claudicar ante el crimen organizado, sino de reorientar la estrategia de lucha contra el narcotráfico, empezando con la expresa decisión y conducción política del Presidente de la República.
La ineficiencia del Estado frente al problema del narcotráfico, genera la suspicacia de un Estado corrupto; de instituciones políticas, judiciales y policiales corruptas. La ilegalidad e ineficiencia del Estado generan una alta rentabilidad para el negocio de las drogas. Esto lleva a la criminalidad y a la lucha por el control del mercado; frente a ello, el trabajo policial es de lucha contra el comercio callejero lo que resulta inútil, pues sus resultados no van mas allá de arrestos de paqueteros que inmediatamente son sustituidos por otros.
Legalizar la droga significaría atacar la demanda y orientar recursos a la educación y rehabilitación de los jóvenes, para evitar que estos caigan en el vicio de las drogas, lo cual es más difícil cuando existe una oferta que lo acerca al consumo; y por otro lado, no ganamos nada si es que los países consumidores no legalizan también. El tema de las drogas, se debe atacar en tres frentes: productor – proveedor - consumidor. La interdicción no es excluyente de la educación; sin embargo, el Estado no ha abordado ni uno ni otro. El consumo interno también se ha incrementado y la edad de inicio en las drogas ahora es de 11 y 12 años.
Sabemos que rezagos de Sendero Luminoso están involucrados en el narcotráfico con el fin de obtener beneficios económicos y políticos, controlando importantes zonas de nuestro territorio nacional. Expertos en Washington, afirman que el 40% del territorio de Guatemala, está controlado por la delincuencia y los cárteles mexicanos del narcotráfico; en Colombia, a pesar de la lucha frontal de su gobierno, aún existen extensas zonas de su territorio en manos de las FARC y del narcotráfico. En el Perú, informes del DAS de Colombia señalan que llegaron a Caballococha y Cuchillococha 250 hombres armados para apoderarse de una ruta de cocaína hacia Europa. ¿A dónde camina el país?, si el Estado ni siquiera puede garantizar al campesino, que un cultivo alternativo le dará la seguridad económica que permita dejar los cultivos ilícitos.
En época electoral, los políticos firman compromisos contra la infiltración del narcotráfico; seguidamente, admiten haber recibido financiamiento del narcotráfico. Estando en el gobierno, vemos altos funcionarios involucrados con el crimen organizado y encontramos hasta cargamentos de droga en el avión presidencial. En estas circunstancias, donde el Estado no cumple su rol de lucha contra la criminalidad y donde existen altos niveles de impunidad ¿Qué le espera a nuestro país?
Si no adoptamos políticas públicas por la seguridad y la justicia, con el Presidente de la República a la cabeza, pronto tendremos organizaciones criminales fortalecidas y en el control de un narco Estado. (Publicado en Revista CO2 12ABR.2011 / www.CO2.com.pe)
martes, 8 de marzo de 2011
CARRETERA DE LOS ANDES
DÉFICIT DE US $ 25,000 MILLONES
Por Francisco Narrea San Miguel
Uno de los déficits mas graves que tiene el Perú, es el déficit de infraestructura, el mismo que según el Banco Interamericano de Desarrollo alcanza un total de US $ 25.000 millones; esta cifra, resulta de una serie de estudios que hizo el BID para evaluar el estado de la infraestructura de nuestro país. Este déficit se convierte en una de las principales desventajas competitivas del Perú. Según el Global Competitiveness Report 2009 – 2010, el Perú ocupa el puesto N° 102 en el ranking de Índice de Calidad de Infraestructura Total entre 133 economías del mundo. En los futuros proyectos de desarrollo y en la priorización de las inversiones del próximo gobierno, se deberían entonces contemplar estas cifras.
Cómo explicar este déficit en una economía que crece al 8% anual. El dinamismo de nuestra economía - formal - convive con altos niveles de pobreza y desnutrición, con precariedad en el empleo y con exclusión económica, social y política. Este crecimiento ha registrado un avance en varios indicadores sociales, pero no ha permeado –chorreado- suficientemente hacia la mayoría de la población y la pobreza todavía afecta a casi el 35% de los peruanos, con una alta incidencia en la zona rural. En la Región Ancash, una de las más ricas del país existe, desnutrición crónica en el 34% de la población infantil. La pobreza y el subempleo son factores que vulneran considerablemente nuestras perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo; consecuentemente, a futuro perjudicarían la gobernabilidad y estabilidad económica de nuestro país.
INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO
La desarticulación del territorio nacional impide el desarrollo de un mercado interno que generaría miles de puestos de trabajo y mejoraría también la calidad de vida para la población en general. El Presidente Alan García en su campaña electoral, anunció que una de las prioridades de su plan de gobierno sería el desarrollo de la infraestructura nacional, lo cual no se ha cumplido a cabalidad en el actual periodo. La construcción de vías de comunicación, la modernización de los puertos -incluyendo los fluviales- y la mejora de los aeropuertos, es esencial. En este contexto, la propuesta de Luis Castañeda Lossio de construir la Carretera de los Andes, por donde era en el incario el Camino de los Incas, con una extensión de 3,529 kms., es no sólo necesaria sino de vital prioridad, sobre todo considerando los tratados de libre comercio suscritos por el Perú.
En el Perú tenemos 14 millones de población pobre, pero la más pobre habita en las comunidades campesinas de la sierra, sobre todo la población alto andina que suman unos 5 millones de habitantes. Esta población ha estado excluida del crecimiento económico; como siempre, el Perú crece para la costa y margina a la sierra de la cual extrae sus recursos. Todos sabemos que nuestro crecimiento económico se basa en factores externos; no se sustenta en la diversificación productiva, ni en el crecimiento del mercado interno. Nuestra estructura productiva es la misma desde hace tres décadas y es dependiente de actividades primarias.
La Carretera de los Andes o longitudinal de la sierra, servirá para integrar nuestro territorio, fortalecer la competitividad y la diversificación de la estructura productiva, aprovechando los TLC para una mayor inserción internacional y asegurando un clima de inversión propicio para el desarrollo del sector privado. La productividad, la innovación y la generación de empleo son factores importantes para promover un desarrollo sostenido en el mediano y largo plazo. Paralelamente, la reforma del Estado y la descentralización, deben contribuir a mejorar la gestión pública, que garantice la mayor y mejor inversión en infraestructura. La promoción del desarrollo social y la inclusión, deben garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el empleo decente y mejorar la protección social.
Por Francisco Narrea San Miguel
Uno de los déficits mas graves que tiene el Perú, es el déficit de infraestructura, el mismo que según el Banco Interamericano de Desarrollo alcanza un total de US $ 25.000 millones; esta cifra, resulta de una serie de estudios que hizo el BID para evaluar el estado de la infraestructura de nuestro país. Este déficit se convierte en una de las principales desventajas competitivas del Perú. Según el Global Competitiveness Report 2009 – 2010, el Perú ocupa el puesto N° 102 en el ranking de Índice de Calidad de Infraestructura Total entre 133 economías del mundo. En los futuros proyectos de desarrollo y en la priorización de las inversiones del próximo gobierno, se deberían entonces contemplar estas cifras.
Cómo explicar este déficit en una economía que crece al 8% anual. El dinamismo de nuestra economía - formal - convive con altos niveles de pobreza y desnutrición, con precariedad en el empleo y con exclusión económica, social y política. Este crecimiento ha registrado un avance en varios indicadores sociales, pero no ha permeado –chorreado- suficientemente hacia la mayoría de la población y la pobreza todavía afecta a casi el 35% de los peruanos, con una alta incidencia en la zona rural. En la Región Ancash, una de las más ricas del país existe, desnutrición crónica en el 34% de la población infantil. La pobreza y el subempleo son factores que vulneran considerablemente nuestras perspectivas de desarrollo en el mediano y largo plazo; consecuentemente, a futuro perjudicarían la gobernabilidad y estabilidad económica de nuestro país.
INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO
La desarticulación del territorio nacional impide el desarrollo de un mercado interno que generaría miles de puestos de trabajo y mejoraría también la calidad de vida para la población en general. El Presidente Alan García en su campaña electoral, anunció que una de las prioridades de su plan de gobierno sería el desarrollo de la infraestructura nacional, lo cual no se ha cumplido a cabalidad en el actual periodo. La construcción de vías de comunicación, la modernización de los puertos -incluyendo los fluviales- y la mejora de los aeropuertos, es esencial. En este contexto, la propuesta de Luis Castañeda Lossio de construir la Carretera de los Andes, por donde era en el incario el Camino de los Incas, con una extensión de 3,529 kms., es no sólo necesaria sino de vital prioridad, sobre todo considerando los tratados de libre comercio suscritos por el Perú.
En el Perú tenemos 14 millones de población pobre, pero la más pobre habita en las comunidades campesinas de la sierra, sobre todo la población alto andina que suman unos 5 millones de habitantes. Esta población ha estado excluida del crecimiento económico; como siempre, el Perú crece para la costa y margina a la sierra de la cual extrae sus recursos. Todos sabemos que nuestro crecimiento económico se basa en factores externos; no se sustenta en la diversificación productiva, ni en el crecimiento del mercado interno. Nuestra estructura productiva es la misma desde hace tres décadas y es dependiente de actividades primarias.
La Carretera de los Andes o longitudinal de la sierra, servirá para integrar nuestro territorio, fortalecer la competitividad y la diversificación de la estructura productiva, aprovechando los TLC para una mayor inserción internacional y asegurando un clima de inversión propicio para el desarrollo del sector privado. La productividad, la innovación y la generación de empleo son factores importantes para promover un desarrollo sostenido en el mediano y largo plazo. Paralelamente, la reforma del Estado y la descentralización, deben contribuir a mejorar la gestión pública, que garantice la mayor y mejor inversión en infraestructura. La promoción del desarrollo social y la inclusión, deben garantizar el acceso a los servicios básicos, promover el empleo decente y mejorar la protección social.
martes, 8 de febrero de 2011
NARCOPOLÍTICA
NARCOPOLITICA
Por Francisco Narrea San Miguel
El narcotráfico se desarrolla de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y las drogas, después de las armas, constituyen el mercado mundial más grande. Este negocio mueve más de 500 mil millones de dólares al año. El doble del gasto anual en combustibles de EE UU y lo que consumen en drogas en ese país es equivalente al 50% del presupuesto militar norteamericano; siendo así el país de mayor demanda y el mayor consumidor del mundo. En el Perú, este negocio mueve 2 mil millones de dólares. El Perú es el mayor productor de hoja de coca del mundo, y tal vez, el mayor productor de pasta básica. Esto ha originado una relación de naturaleza compleja y multifacética entre ambos países y otros de la región.
Esporádicamente recibimos anuncios sobre algunos decomisos. Recientemente se incautó tres toneladas de pasta básica lavada de cocaína cuyo precio es de 400 millones de dólares en el mercado internacional. En mayo del año pasado, la policía le incautó a "los camellos" dos toneladas de PBC cuyo destino era el mercado europeo; vinculándolos a un congresista de la República. Recordemos que anteriormente "Vaticano" acusó al "ex asesor" presidencial de cobrarle un cupo de 50 mil dólares mensuales. No olvidemos a la fiscal antidroga condenada hace poco.
Salvo casos aislados, se conoce poco sobre las "mafias" del narcotráfico en el Perú, no sabemos cómo funcionan en realidad sus vinculaciones transnacionales, sus mecanismos financieros, cómo se articulan con el sector productivo, cómo se introducen en las más altas esferas del poder. Las medidas para controlar el lavado de dólares como una forma de abordar la fase financiera no ha dado los resultados esperados. Cada vez son mayores las multimillonarias ganancias que se "lavan" en sistemas bancarios privados. En estos momentos de desconcierto que vivimos los peruanos, por el descubrimiento de fabulosas cuentas del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, es necesario retomar el debate sobre uno de los principales problemas que debe afrontar el país.
EE UU pone ahora más énfasis en tomo a la demanda, sin embargo, el tema de las drogas no lo podemos enfrentar disminuyendo la atención a la problemática de los países productores como Perú y Bolivia. En Colombia, EE UU libra otra guerra (contra las FARC), que con un cinismo subterráneo llama la guerra contra las drogas a la guerra contra las guerrillas. Como se hizo en Argentina en la década de los 70, la guerra contra las drogas era una lucha antiguerrilla, con los resultados que conocemos. Olvidan que esta guerra no es un problema bilateral, sino es un problema de seguridad y estabilidad subregional. Los tentáculos que se introducen en el poder atentan contra la gobernabilidad y la vialidad democrática de nuestros países. La guerra contra las drogas no es contra una "conspiración roja", no es una guerra ideológica. En Colombia, las medidas represivas sólo han generado más violencia.
En el Perú, como dicen los americanos, estamos worse than ever en todos los aspectos. El poder económico del narcotráfico ha penetrado en las más altas esferas del sistema político y del aparato judicial. Con la guerra antisubversiva se habló de narcoterrorismo y se encargó a la FF AA la lucha contra el narcotráfico en las zonas de emergencia. Lo que se consiguió es que los cupos que cobraban Sendero y el MRTA sean trasladados a algunos jefes militares de la zona. Pero, ¿quién ubicaba a los jefes militares que debían combatir este negocio? ¿Quién digitaba el nombramiento de los jefes policiales antidrogas?.
La erradicación y la sustitución de cultivos han sido un completo fracaso. Mientras tanto, el narcotráfico se ha convertido en un negocio de políticos, militares y magnates que buscan nuevos; mercados y nuevos productos. Nuevas maneras de eludirlas "desinteresadas" acciones de interdicción. Es necesario dar un paso atrás, pero no para dar un gran; salto hacia delante (como decía Mao), sino para asumir una actitud crítica de análisis serio, para así replantear la lucha antinarcotráfico más de acuerdo a la realidad. Es importante una reflexión sobre las contradicciones sociales y políticas que la producción y comercialización de drogas ilegales genera en nuestra sociedad. No dejemos que la narcoburguesía se apodere de nuestro país.
(Publicado en Expreso, Pág. 23; 27/11/2000)
Por Francisco Narrea San Miguel
El narcotráfico se desarrolla de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y las drogas, después de las armas, constituyen el mercado mundial más grande. Este negocio mueve más de 500 mil millones de dólares al año. El doble del gasto anual en combustibles de EE UU y lo que consumen en drogas en ese país es equivalente al 50% del presupuesto militar norteamericano; siendo así el país de mayor demanda y el mayor consumidor del mundo. En el Perú, este negocio mueve 2 mil millones de dólares. El Perú es el mayor productor de hoja de coca del mundo, y tal vez, el mayor productor de pasta básica. Esto ha originado una relación de naturaleza compleja y multifacética entre ambos países y otros de la región.
Esporádicamente recibimos anuncios sobre algunos decomisos. Recientemente se incautó tres toneladas de pasta básica lavada de cocaína cuyo precio es de 400 millones de dólares en el mercado internacional. En mayo del año pasado, la policía le incautó a "los camellos" dos toneladas de PBC cuyo destino era el mercado europeo; vinculándolos a un congresista de la República. Recordemos que anteriormente "Vaticano" acusó al "ex asesor" presidencial de cobrarle un cupo de 50 mil dólares mensuales. No olvidemos a la fiscal antidroga condenada hace poco.
Salvo casos aislados, se conoce poco sobre las "mafias" del narcotráfico en el Perú, no sabemos cómo funcionan en realidad sus vinculaciones transnacionales, sus mecanismos financieros, cómo se articulan con el sector productivo, cómo se introducen en las más altas esferas del poder. Las medidas para controlar el lavado de dólares como una forma de abordar la fase financiera no ha dado los resultados esperados. Cada vez son mayores las multimillonarias ganancias que se "lavan" en sistemas bancarios privados. En estos momentos de desconcierto que vivimos los peruanos, por el descubrimiento de fabulosas cuentas del ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, es necesario retomar el debate sobre uno de los principales problemas que debe afrontar el país.
EE UU pone ahora más énfasis en tomo a la demanda, sin embargo, el tema de las drogas no lo podemos enfrentar disminuyendo la atención a la problemática de los países productores como Perú y Bolivia. En Colombia, EE UU libra otra guerra (contra las FARC), que con un cinismo subterráneo llama la guerra contra las drogas a la guerra contra las guerrillas. Como se hizo en Argentina en la década de los 70, la guerra contra las drogas era una lucha antiguerrilla, con los resultados que conocemos. Olvidan que esta guerra no es un problema bilateral, sino es un problema de seguridad y estabilidad subregional. Los tentáculos que se introducen en el poder atentan contra la gobernabilidad y la vialidad democrática de nuestros países. La guerra contra las drogas no es contra una "conspiración roja", no es una guerra ideológica. En Colombia, las medidas represivas sólo han generado más violencia.
En el Perú, como dicen los americanos, estamos worse than ever en todos los aspectos. El poder económico del narcotráfico ha penetrado en las más altas esferas del sistema político y del aparato judicial. Con la guerra antisubversiva se habló de narcoterrorismo y se encargó a la FF AA la lucha contra el narcotráfico en las zonas de emergencia. Lo que se consiguió es que los cupos que cobraban Sendero y el MRTA sean trasladados a algunos jefes militares de la zona. Pero, ¿quién ubicaba a los jefes militares que debían combatir este negocio? ¿Quién digitaba el nombramiento de los jefes policiales antidrogas?.
La erradicación y la sustitución de cultivos han sido un completo fracaso. Mientras tanto, el narcotráfico se ha convertido en un negocio de políticos, militares y magnates que buscan nuevos; mercados y nuevos productos. Nuevas maneras de eludirlas "desinteresadas" acciones de interdicción. Es necesario dar un paso atrás, pero no para dar un gran; salto hacia delante (como decía Mao), sino para asumir una actitud crítica de análisis serio, para así replantear la lucha antinarcotráfico más de acuerdo a la realidad. Es importante una reflexión sobre las contradicciones sociales y políticas que la producción y comercialización de drogas ilegales genera en nuestra sociedad. No dejemos que la narcoburguesía se apodere de nuestro país.
(Publicado en Expreso, Pág. 23; 27/11/2000)
lunes, 8 de febrero de 2010
LEGALIZAR EL NARCOTRAFICO
Francisco Narrea San Miguel
El debate sobre el narcotráfico y sus formas de combatirlo, ha estado siempre transido de opiniones y de propuestas a todo nivel: de gobiernos, de intelectuales, académicos y estrategas militares y policiales. Hace ya más de dos décadas, Milton Friedman sostuvo que la forma más eficaz de enfrentar los monopolios internacionales de traficantes es llevarlos a la quiebra legalizando las drogas. Recientemente, Mario Vargas Llosa, puso esta propuesta sobre la mesa de debate otra vez, y ya pegó en un candidato presidencial con mucho sentido del humor.
Los que tenemos hijos adolescentes vivimos el pánico de imaginar a nuestros hijos envueltos en el mundo de las drogas y nos queda confiar en la buena formación que les damos. Al margen de ello, no podemos negar que su ilegalidad las aleja de su alcance; legalizarlas entonces, significaría acercarlos a ellas, como lo reconoce el propio Vargas Llosa en su artículo “El Otro Estado”. Entonces nos preguntamos: ¿Cuál sería el beneficio social de esta legalización? Esta propuesta de legalización va mas allá de la marihuana, es el comercio y consumo lícito de drogas. En el Perú es legal consumir marihuana y portar hasta 7 grs., de droga; sin embargo no se dice donde se puede comprar legalmente esta droga.
Según Vargas Llosa, la batalla policial ya está perdida, entonces hay que llevarla al plano económico porque la lucha mundial contra las drogas no es eficaz. “Es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron” señala Vargas Llosa, ignorando los esfuerzos y victorias del gobierno colombiano contra los cárteles de su país. El narcotráfico en Colombia ya no es un tema de seguridad nacional, pero sigue siendo un tema de seguridad pública y de salud pública. Este relativo éxito del gobierno colombiano contra los cárteles de la droga, no ha disminuido su oferta mundial, y menos en EE.UU. que es su principal mercado –demanda-, lo que ha hecho es fortalecer los cárteles mexicanos. Mientras exista demanda habrá oferta.
Tiene razón Vargas Llosa cuando señala que las actuales políticas para combatir el narcotráfico han fracasado y seguirán fracasando porque son defectuosas. Muchas de las acciones diseñadas para combatir la droga son muy costosas e inaplicables, porque los tentáculos del narcotráfico se extienden a todas las esferas del poder político, hasta casi convertirnos en un narco Estado. Pero acaso no sería la legalización, transitar hacia un estado de anarquía infestado por la droga? ¿Qué papel asumirá el Estado para proteger a los grupos más vulnerables, los jóvenes y niños? ¿Quién garantiza que la legalización de las drogas, no incrementará masivamente su consumo? Innegablemente, su ilegalidad, aunque no disminuye la oferta e incrementa su precio, disuade su consumo y reduce su disponibilidad al común de la gente. Con su legalización el número de adictos se incrementará en gran magnitud.
Esta propuesta ha generado el rechazo de la comunidad internacional antes y ahora. En Estados Unidos no tiene apoyo de los demócratas ni republicanos. Si los Estados Unidos no legalizan la droga –y ciertamente no lo harán- siempre habrá un mercado negro y delincuencia en rededor. Los académicos dicen que es un reconocimiento del derecho humano de elegir libremente su consumo -el adulto tiene derecho de elegir qué sustancias ha de consumir y qué riesgos habrá de correr-, pero ello se convertirá en un problema de salud pública de magnitud inimaginable, y este tema no puede pasar a un segundo plano para priorizar lo económico o lo policial.
En cierta ocasión fui declarado ciudadano honorífico de Baltimore por su Alcalde Kurt Schmoke, debido a mi lucha periodística frente al narcotráfico; paradójicamente, él defendió su legalización en una Conferencia Nacional de Alcaldes. Personalmente creo que los costos en vidas y dolor humano son tan grandes, que la sociedad no tiene otra alternativa que luchar contra el narcotráfico, aunque debiera redefinirse la estrategia mundial de lucha contra las drogas. La prohibición no tiene un fin moral, es complicado condenar el consumo de drogas desde una base moral. El Estado tiene la obligación de velar por la salud de la población, por la integridad de la familia; es un tema de salud pública, de bienestar de la sociedad.
El consumo de drogas inclina a muchas personas a delinquir, pues reduce sus inhibiciones, liberan sus conductas agresivas y sus instintos mas primitivos, producen tendencias antisociales y mellan el sentido de responsabilidad, en un grado muchísimo mayor que el alcohol, somos conscientes de ello. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, el 58% de la población está en contra y el 25% a favor de la legalización de la droga; este porcentaje a favor, aunque siendo minoritario, es alto. No podemos experimentar con la sociedad; de probarse que nos equivocamos, cómo revertir el error y volver a penalizar el narcotráfico.
Los que toman alcohol, no necesariamente es para embriagarse; los que consumen drogas, es precisamente para intoxicarse. La consistencia química del alcohol tiene límites en sus gradaciones como la cerveza, vino y otros licores fuertes; pero en las drogas no hay límites a esta variación. Legalizar la droga significa permitir la venta de sustancias peligrosas de la misma manera que el alcohol y el tabaco. Los cárteles se formalizarían y exportarían cocaína como exportamos espárragos, alcachofas o café. ¿No sería todo esto una conducta autodestructiva del Estado? No debemos pues, legalizar el narcotráfico.
El debate sobre el narcotráfico y sus formas de combatirlo, ha estado siempre transido de opiniones y de propuestas a todo nivel: de gobiernos, de intelectuales, académicos y estrategas militares y policiales. Hace ya más de dos décadas, Milton Friedman sostuvo que la forma más eficaz de enfrentar los monopolios internacionales de traficantes es llevarlos a la quiebra legalizando las drogas. Recientemente, Mario Vargas Llosa, puso esta propuesta sobre la mesa de debate otra vez, y ya pegó en un candidato presidencial con mucho sentido del humor.
Los que tenemos hijos adolescentes vivimos el pánico de imaginar a nuestros hijos envueltos en el mundo de las drogas y nos queda confiar en la buena formación que les damos. Al margen de ello, no podemos negar que su ilegalidad las aleja de su alcance; legalizarlas entonces, significaría acercarlos a ellas, como lo reconoce el propio Vargas Llosa en su artículo “El Otro Estado”. Entonces nos preguntamos: ¿Cuál sería el beneficio social de esta legalización? Esta propuesta de legalización va mas allá de la marihuana, es el comercio y consumo lícito de drogas. En el Perú es legal consumir marihuana y portar hasta 7 grs., de droga; sin embargo no se dice donde se puede comprar legalmente esta droga.
Según Vargas Llosa, la batalla policial ya está perdida, entonces hay que llevarla al plano económico porque la lucha mundial contra las drogas no es eficaz. “Es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron” señala Vargas Llosa, ignorando los esfuerzos y victorias del gobierno colombiano contra los cárteles de su país. El narcotráfico en Colombia ya no es un tema de seguridad nacional, pero sigue siendo un tema de seguridad pública y de salud pública. Este relativo éxito del gobierno colombiano contra los cárteles de la droga, no ha disminuido su oferta mundial, y menos en EE.UU. que es su principal mercado –demanda-, lo que ha hecho es fortalecer los cárteles mexicanos. Mientras exista demanda habrá oferta.
Tiene razón Vargas Llosa cuando señala que las actuales políticas para combatir el narcotráfico han fracasado y seguirán fracasando porque son defectuosas. Muchas de las acciones diseñadas para combatir la droga son muy costosas e inaplicables, porque los tentáculos del narcotráfico se extienden a todas las esferas del poder político, hasta casi convertirnos en un narco Estado. Pero acaso no sería la legalización, transitar hacia un estado de anarquía infestado por la droga? ¿Qué papel asumirá el Estado para proteger a los grupos más vulnerables, los jóvenes y niños? ¿Quién garantiza que la legalización de las drogas, no incrementará masivamente su consumo? Innegablemente, su ilegalidad, aunque no disminuye la oferta e incrementa su precio, disuade su consumo y reduce su disponibilidad al común de la gente. Con su legalización el número de adictos se incrementará en gran magnitud.
Esta propuesta ha generado el rechazo de la comunidad internacional antes y ahora. En Estados Unidos no tiene apoyo de los demócratas ni republicanos. Si los Estados Unidos no legalizan la droga –y ciertamente no lo harán- siempre habrá un mercado negro y delincuencia en rededor. Los académicos dicen que es un reconocimiento del derecho humano de elegir libremente su consumo -el adulto tiene derecho de elegir qué sustancias ha de consumir y qué riesgos habrá de correr-, pero ello se convertirá en un problema de salud pública de magnitud inimaginable, y este tema no puede pasar a un segundo plano para priorizar lo económico o lo policial.
En cierta ocasión fui declarado ciudadano honorífico de Baltimore por su Alcalde Kurt Schmoke, debido a mi lucha periodística frente al narcotráfico; paradójicamente, él defendió su legalización en una Conferencia Nacional de Alcaldes. Personalmente creo que los costos en vidas y dolor humano son tan grandes, que la sociedad no tiene otra alternativa que luchar contra el narcotráfico, aunque debiera redefinirse la estrategia mundial de lucha contra las drogas. La prohibición no tiene un fin moral, es complicado condenar el consumo de drogas desde una base moral. El Estado tiene la obligación de velar por la salud de la población, por la integridad de la familia; es un tema de salud pública, de bienestar de la sociedad.
El consumo de drogas inclina a muchas personas a delinquir, pues reduce sus inhibiciones, liberan sus conductas agresivas y sus instintos mas primitivos, producen tendencias antisociales y mellan el sentido de responsabilidad, en un grado muchísimo mayor que el alcohol, somos conscientes de ello. Según la última encuesta de Ipsos Apoyo, el 58% de la población está en contra y el 25% a favor de la legalización de la droga; este porcentaje a favor, aunque siendo minoritario, es alto. No podemos experimentar con la sociedad; de probarse que nos equivocamos, cómo revertir el error y volver a penalizar el narcotráfico.
Los que toman alcohol, no necesariamente es para embriagarse; los que consumen drogas, es precisamente para intoxicarse. La consistencia química del alcohol tiene límites en sus gradaciones como la cerveza, vino y otros licores fuertes; pero en las drogas no hay límites a esta variación. Legalizar la droga significa permitir la venta de sustancias peligrosas de la misma manera que el alcohol y el tabaco. Los cárteles se formalizarían y exportarían cocaína como exportamos espárragos, alcachofas o café. ¿No sería todo esto una conducta autodestructiva del Estado? No debemos pues, legalizar el narcotráfico.
lunes, 28 de diciembre de 2009
ANTAMINA: Contaminería y Beneficios Tributarios
ANTAMINA: Contaminería y Beneficios Tributarios
Francisco Narrea San Miguel
Acogiéndose al Decreto Supremo Nº 027-98-EF (25.03.98) que dicta normas para la aplicación de beneficios tributarios a utilidades no distribuidas que se destinen a programas de inversión que garanticen el incremento de producción de unidades mineras, y escudándose en los Contratos de Estabilidad Jurídica y Tributaria, la empresa minera Antamina ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas, le apruebe el proyecto de expansión de su capacidad de producción con una inversión de US $ 920 millones con cargo a sus utilidades no distribuidas, por lo que dejaría de pagar US $ 276 millones por Impuesto a la Renta (30%).
ROL DEL ESTADO
Las observaciones o rechazos que pueda formular la Dirección General de Minería respecto de las solicitudes de aprobación de obras ejecutadas o adquisiciones que se presenten de acuerdo con esta norma, deben producirse en una sola ocasión y ser fundamentadas. No sabemos si técnicamente este proyecto es viable o no; su evaluación depende de la Dirección General de Minería (D. S. Nº 07-94-EM y D. S. Nº 011-97-EM). Tampoco queremos ignorar que legalmente, Antamina puede acogerse a este beneficio, por los Contratos de Estabilidad Jurídica y Tributaria que mantiene con el Estado y que les permite invertir hasta el 80% de sus utilidades sin tributar el Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 72º de la Ley General de Minería (D. S. Nº 14-92-EM).
Sin embargo, debemos dejar en claro que este beneficio tributario se creó en la década pasada para fomentar y promover la inversión privada, cuando los precios de los metales estaban deprimidos, situación que ha variado sustancialmente en la actualidad, que debido a los altos precios y bajos costos de producción, las utilidades son extraordinarias.
MITO Y REALIDAD.
1º El Gobierno Central y la Empresa Minera Antamina, utilizan el argumento que el Gobierno Regional de Ancash no tiene capacidad de gasto y que solo ejecutaron el 15% de su presupuesto de inversión.
Este argumento no puede ser válido, pues la falta de capacidad de gestión de una Institución Publica, no la deslegitima para percibir los recursos que por ley le corresponden y no es un argumento válido para evadir impuestos. Además, la falta de capacidad de ejecución de su presupuesto de inversión, no es exclusividad del Gobierno Regional de Ancash, sino que se repite en otras Instituciones del mismo Gobierno Central.
2º Reinversión de Antamina impactará positivamente en la Región Ancash, pues la expansión de sus operaciones duplicaría el canon que recibe Ancash en el año 2013 y para el 2025 este canon se triplicaría. De aprobarse este proyecto de expansión, se generarán más de 4,600 puestos de trabajo directos y más de 36 mil puestos de trabajo inducidos, así como las compras hechas en el Perú en 37%.
Lo que no dice Antamina, es que el procesamiento de nuestros recursos naturales se elevaría en un 38%, pasando de 94 mil a 130 mil toneladas métricas diarias, incrementando la vida de la mina hasta el 2029, debido al aumento de las reservas en 75%, para lo cual invertirá US $ 920 millones, de los cuales US $ 276 corresponderían al Impuesto a la Renta (US $ 138 millones de canon minero), que es lo que dejarían de tributar.
En este punto sería oportuno analizar el Contrato de Estabilidad Jurídica y Tributaria que la minera mantiene con el Estado, pues, pues este tipo de contratos tienen una vigencia de 10 años.
Antamina tampoco dice que entre el 2005 y el 2009 tuvo utilidades netas por más de US $ 6,300 millones debido a la bonanza del precio de los minerales a partir del 2004. No dice tampoco que la recuperación de la inversión realizada (US $ 2,290 millones) fue recuperada en menos de tres años debido a la alta rentabilidad de la mina, superior a la estimada del 14% en 1998, como vemos en el siguiente cuadro:
PRECIOS COMPARATIVOS
MINERAL US $. 1998 2009
COBRE Libra 0.95 2.25
ZINC Libra 0.55 0.72
PLATA Onza Troy 5.00 14.36
MOLIBDENO Libra 3.00 8.60
Precio del US Dólar en 1998 = S/. 3.14
Antamina no dice además que su inversión no fue de riesgo, pues en 1996 compró la concesión al Estado en US $ 20 millones con reservas descubiertas y probadas por Centromin Perú, y que planificó recuperar su inversión entre 10 ó 15 años.
3º Antamina creó en el 2007 el Fondo Minero Antamina, con aportes voluntarios por US $ 163.9 a la fecha (2.6 % de sus utilidades netas), siendo invertidos en proyectos de salud y nutrición, infraestructura, educación y fortalecimiento institucional.
Este fondo, dentro de lo que llaman responsabilidad social, no es otra cosa que un paliativo para aliviar los conflictos sociales y ambientales que genera la actividad minera en la Región, y que no se compara con lo que Antamina deja de pagar por regalías mineras (Ley Nº 28258), que equivale aproximadamente a US $ 300 millones entre el 2005 y 2008.
Tampoco se dice que este fondo no es otra cosa que una medida populista que aleja al Estado del ciudadano, pues el Estado es bueno para dar garantías a la inversión, pero es malo para dar servicios básicos de salud y educación, por lo que la población traslada sus demandas al sector privado, así nace el aporte voluntario. Sin embargo, en muchos casos esto ha sido fuente de conflictos sociales, por la insatisfacción de dichas demandas.
Inclusive, este aporte “voluntario” consiguió que algunas autoridades municipales acudan a las empresas mineras en un papel pedigüeño para obtener donativos. Este papel de sumisión al margen del mandato popular, que les encargó liderar el desarrollo de sus pueblos, no hace otra cosa que quitarles legitimidad para ponerse al frente de las demandas de su población.
4º El Presidente del Consejo de Ministros, en una reunión con el Presidente Regional de Ancash y los Alcaldes Provinciales y Distritales de Ancash, dio la bienvenida a las autoridades afirmando que han sido invitados para ser escuchados y no para negociar nada, concluyendo que el Estado tiene una obligación jurídica con la Minera Antamina y que se respetará la Ley.
Estuve presente en esta reunión y me parece una burla de parte del Ministro Velásquez Quesquén, pues las autoridades no necesitan viajar hasta Lima, capital del centralismo estatal para ser escuchados, para eso tienen otros canales. Se debe aplicar la Ley, pero sin dejar de lado, la justicia, la equidad y la ética. El Ministro Velásquez Quesquén tiene una mirada legal y no de resultados, y como buen burócrata privilegia la legalidad. Defiende la Ley a favor de Antamina, pero no defiende la Ley a favor del Estado. Sabemos que la burocracia tiene todas las condiciones para hacer prevalecer sus intereses frente al interés público, adoptando una posición cómoda frente a las demandas del pueblo.
Lo que demuestra el Gobierno Central es que no tiene un sistema de generación de consensos y resolución de conflictos eficiente, por eso el pueblo toma carreteras porque no tiene otra forma de hacerse sentir; porque percibe ese nefasto principio maquiavélico que dice: para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley.
El Presidente del Consejo de Ministros ignora que hay una producción incremental que modifica las condiciones contractuales entre el Estado y Antamina. Es decir, existe un incremento de producción de la concesión minera, por el incremento de la producción y de los precios de mercado; y estamos hablando de recursos naturales que pertenecen a la nación y no son renovables.
CONTAMINACIÓN CONTRA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
La mina se encuentra en la quebrada Antamina, Distrito de San Marcos a 200 kilómetros de Huaraz, a 4,300 m.s.n.m. Es la tercera mina más grande del mundo y la primera en explotación combinada de cobre – zinc a nivel mundial- Es la segunda productora de cobre en el Perú y es una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. Su operación es a tajo abierto tipo “skarn” y durante su construcción se removieron 110 millones de toneladas de desmonte. La altura de una cadena de picos fue reducida en 292 m., y una laguna de 32 has., fue drenada. La actividad minera casi ha destruido las lagunas de Conococha y Condorcocha. La generación de desmonte es contaminación; la actividad extractiva de la mina genera la oxidación de las estructuras rocosas, la alteración del nivel freático, la fisuración de estructuras, los relaves mineros, la contaminación de las aguas residuales, que tanto daño han hecho a las cuencas ancashinas.
Antamina tiene el Puerto Punta Lobitos en Huarmey a 290 km., de Lima, hasta allí llega el mineroducto que recorre 290 km., transportando los concentrados de mineral. En Huarmey son recibidos, filtrados, almacenados y embarcados en buques de hasta 5º mil toneladas de calado. Este procesamiento de concentrados de mineral ha generado que un sector de la población se intoxique por la contaminación del aire. En el Asentamiento Humano Puerto Grande, 150 habitantes padecen de sangrado nasal, desmayos y fuertes dolores de cabeza, por la contaminación del aire generada por el tratamiento de los concentrados en la Planta de Antamina, deshumedeciéndolos y provocando la generación de gases que afectan a toda la población.
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821 dispone en su Artículo 5o.- Los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Se les reconoce el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes, de conformidad con la ley de la materia. Este mismo cuerpo legal establece los Límites al otorgamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en su Artículo 8º señala: El Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia.
Preguntamos: ¿Está el Gobierno Central cumpliendo a cabalidad su función de velar por el interés de la Nación? ¿Está el Gobierno Central escuchando a los ciudadanos y a sus legítimos representantes elegidos por el voto ciudadano en sus demandas?
CONCLUSIONES:
1. La diferencia entre la cotización internacional y los costos de producción minera es muy alta, por lo que los términos contractuales entre el Estado y la empresa Minera Atamina deben replantearse, con la participación de una Comisión tripartita entre el Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regional y la Empresa Antamina.
2. La Empresa Minera Antamina debe financiar la expansión de sus operaciones, lo que le permitirá procesar los Recursos Naturales de la Nación, con grandes utilidades, con cargo a sus propias utilidades sin acogerse a la exoneración del Impuesto a la Renta.
3. El Gobierno Central debe promover el aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente, tal como lo señala la Ley Nº 26821.
Francisco Narrea San Miguel
Acogiéndose al Decreto Supremo Nº 027-98-EF (25.03.98) que dicta normas para la aplicación de beneficios tributarios a utilidades no distribuidas que se destinen a programas de inversión que garanticen el incremento de producción de unidades mineras, y escudándose en los Contratos de Estabilidad Jurídica y Tributaria, la empresa minera Antamina ha solicitado al Ministerio de Energía y Minas, le apruebe el proyecto de expansión de su capacidad de producción con una inversión de US $ 920 millones con cargo a sus utilidades no distribuidas, por lo que dejaría de pagar US $ 276 millones por Impuesto a la Renta (30%).
ROL DEL ESTADO
Las observaciones o rechazos que pueda formular la Dirección General de Minería respecto de las solicitudes de aprobación de obras ejecutadas o adquisiciones que se presenten de acuerdo con esta norma, deben producirse en una sola ocasión y ser fundamentadas. No sabemos si técnicamente este proyecto es viable o no; su evaluación depende de la Dirección General de Minería (D. S. Nº 07-94-EM y D. S. Nº 011-97-EM). Tampoco queremos ignorar que legalmente, Antamina puede acogerse a este beneficio, por los Contratos de Estabilidad Jurídica y Tributaria que mantiene con el Estado y que les permite invertir hasta el 80% de sus utilidades sin tributar el Impuesto a la Renta, de acuerdo a lo establecido en el Art. 72º de la Ley General de Minería (D. S. Nº 14-92-EM).
Sin embargo, debemos dejar en claro que este beneficio tributario se creó en la década pasada para fomentar y promover la inversión privada, cuando los precios de los metales estaban deprimidos, situación que ha variado sustancialmente en la actualidad, que debido a los altos precios y bajos costos de producción, las utilidades son extraordinarias.
MITO Y REALIDAD.
1º El Gobierno Central y la Empresa Minera Antamina, utilizan el argumento que el Gobierno Regional de Ancash no tiene capacidad de gasto y que solo ejecutaron el 15% de su presupuesto de inversión.
Este argumento no puede ser válido, pues la falta de capacidad de gestión de una Institución Publica, no la deslegitima para percibir los recursos que por ley le corresponden y no es un argumento válido para evadir impuestos. Además, la falta de capacidad de ejecución de su presupuesto de inversión, no es exclusividad del Gobierno Regional de Ancash, sino que se repite en otras Instituciones del mismo Gobierno Central.
2º Reinversión de Antamina impactará positivamente en la Región Ancash, pues la expansión de sus operaciones duplicaría el canon que recibe Ancash en el año 2013 y para el 2025 este canon se triplicaría. De aprobarse este proyecto de expansión, se generarán más de 4,600 puestos de trabajo directos y más de 36 mil puestos de trabajo inducidos, así como las compras hechas en el Perú en 37%.
Lo que no dice Antamina, es que el procesamiento de nuestros recursos naturales se elevaría en un 38%, pasando de 94 mil a 130 mil toneladas métricas diarias, incrementando la vida de la mina hasta el 2029, debido al aumento de las reservas en 75%, para lo cual invertirá US $ 920 millones, de los cuales US $ 276 corresponderían al Impuesto a la Renta (US $ 138 millones de canon minero), que es lo que dejarían de tributar.
En este punto sería oportuno analizar el Contrato de Estabilidad Jurídica y Tributaria que la minera mantiene con el Estado, pues, pues este tipo de contratos tienen una vigencia de 10 años.
Antamina tampoco dice que entre el 2005 y el 2009 tuvo utilidades netas por más de US $ 6,300 millones debido a la bonanza del precio de los minerales a partir del 2004. No dice tampoco que la recuperación de la inversión realizada (US $ 2,290 millones) fue recuperada en menos de tres años debido a la alta rentabilidad de la mina, superior a la estimada del 14% en 1998, como vemos en el siguiente cuadro:
PRECIOS COMPARATIVOS
MINERAL US $. 1998 2009
COBRE Libra 0.95 2.25
ZINC Libra 0.55 0.72
PLATA Onza Troy 5.00 14.36
MOLIBDENO Libra 3.00 8.60
Precio del US Dólar en 1998 = S/. 3.14
Antamina no dice además que su inversión no fue de riesgo, pues en 1996 compró la concesión al Estado en US $ 20 millones con reservas descubiertas y probadas por Centromin Perú, y que planificó recuperar su inversión entre 10 ó 15 años.
3º Antamina creó en el 2007 el Fondo Minero Antamina, con aportes voluntarios por US $ 163.9 a la fecha (2.6 % de sus utilidades netas), siendo invertidos en proyectos de salud y nutrición, infraestructura, educación y fortalecimiento institucional.
Este fondo, dentro de lo que llaman responsabilidad social, no es otra cosa que un paliativo para aliviar los conflictos sociales y ambientales que genera la actividad minera en la Región, y que no se compara con lo que Antamina deja de pagar por regalías mineras (Ley Nº 28258), que equivale aproximadamente a US $ 300 millones entre el 2005 y 2008.
Tampoco se dice que este fondo no es otra cosa que una medida populista que aleja al Estado del ciudadano, pues el Estado es bueno para dar garantías a la inversión, pero es malo para dar servicios básicos de salud y educación, por lo que la población traslada sus demandas al sector privado, así nace el aporte voluntario. Sin embargo, en muchos casos esto ha sido fuente de conflictos sociales, por la insatisfacción de dichas demandas.
Inclusive, este aporte “voluntario” consiguió que algunas autoridades municipales acudan a las empresas mineras en un papel pedigüeño para obtener donativos. Este papel de sumisión al margen del mandato popular, que les encargó liderar el desarrollo de sus pueblos, no hace otra cosa que quitarles legitimidad para ponerse al frente de las demandas de su población.
4º El Presidente del Consejo de Ministros, en una reunión con el Presidente Regional de Ancash y los Alcaldes Provinciales y Distritales de Ancash, dio la bienvenida a las autoridades afirmando que han sido invitados para ser escuchados y no para negociar nada, concluyendo que el Estado tiene una obligación jurídica con la Minera Antamina y que se respetará la Ley.
Estuve presente en esta reunión y me parece una burla de parte del Ministro Velásquez Quesquén, pues las autoridades no necesitan viajar hasta Lima, capital del centralismo estatal para ser escuchados, para eso tienen otros canales. Se debe aplicar la Ley, pero sin dejar de lado, la justicia, la equidad y la ética. El Ministro Velásquez Quesquén tiene una mirada legal y no de resultados, y como buen burócrata privilegia la legalidad. Defiende la Ley a favor de Antamina, pero no defiende la Ley a favor del Estado. Sabemos que la burocracia tiene todas las condiciones para hacer prevalecer sus intereses frente al interés público, adoptando una posición cómoda frente a las demandas del pueblo.
Lo que demuestra el Gobierno Central es que no tiene un sistema de generación de consensos y resolución de conflictos eficiente, por eso el pueblo toma carreteras porque no tiene otra forma de hacerse sentir; porque percibe ese nefasto principio maquiavélico que dice: para mis amigos todo, para mis enemigos la Ley.
El Presidente del Consejo de Ministros ignora que hay una producción incremental que modifica las condiciones contractuales entre el Estado y Antamina. Es decir, existe un incremento de producción de la concesión minera, por el incremento de la producción y de los precios de mercado; y estamos hablando de recursos naturales que pertenecen a la nación y no son renovables.
CONTAMINACIÓN CONTRA APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
La mina se encuentra en la quebrada Antamina, Distrito de San Marcos a 200 kilómetros de Huaraz, a 4,300 m.s.n.m. Es la tercera mina más grande del mundo y la primera en explotación combinada de cobre – zinc a nivel mundial- Es la segunda productora de cobre en el Perú y es una de las diez minas más grandes del mundo en términos de volumen de operaciones. Su operación es a tajo abierto tipo “skarn” y durante su construcción se removieron 110 millones de toneladas de desmonte. La altura de una cadena de picos fue reducida en 292 m., y una laguna de 32 has., fue drenada. La actividad minera casi ha destruido las lagunas de Conococha y Condorcocha. La generación de desmonte es contaminación; la actividad extractiva de la mina genera la oxidación de las estructuras rocosas, la alteración del nivel freático, la fisuración de estructuras, los relaves mineros, la contaminación de las aguas residuales, que tanto daño han hecho a las cuencas ancashinas.
Antamina tiene el Puerto Punta Lobitos en Huarmey a 290 km., de Lima, hasta allí llega el mineroducto que recorre 290 km., transportando los concentrados de mineral. En Huarmey son recibidos, filtrados, almacenados y embarcados en buques de hasta 5º mil toneladas de calado. Este procesamiento de concentrados de mineral ha generado que un sector de la población se intoxique por la contaminación del aire. En el Asentamiento Humano Puerto Grande, 150 habitantes padecen de sangrado nasal, desmayos y fuertes dolores de cabeza, por la contaminación del aire generada por el tratamiento de los concentrados en la Planta de Antamina, deshumedeciéndolos y provocando la generación de gases que afectan a toda la población.
La Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley Nº 26821 dispone en su Artículo 5o.- Los ciudadanos tienen derecho a ser informados y a participar en la definición y adopción de políticas relacionadas con la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Se les reconoce el derecho de formular peticiones y promover iniciativas de carácter individual o colectivo ante las autoridades competentes, de conformidad con la ley de la materia. Este mismo cuerpo legal establece los Límites al otorgamiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y en su Artículo 8º señala: El Estado vela para que el otorgamiento del derecho de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se realice en armonía con el interés de la Nación, el bien común y dentro de los límites y principios establecidos en la presente ley, en las leyes especiales y en las normas reglamentarias sobre la materia.
Preguntamos: ¿Está el Gobierno Central cumpliendo a cabalidad su función de velar por el interés de la Nación? ¿Está el Gobierno Central escuchando a los ciudadanos y a sus legítimos representantes elegidos por el voto ciudadano en sus demandas?
CONCLUSIONES:
1. La diferencia entre la cotización internacional y los costos de producción minera es muy alta, por lo que los términos contractuales entre el Estado y la empresa Minera Atamina deben replantearse, con la participación de una Comisión tripartita entre el Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regional y la Empresa Antamina.
2. La Empresa Minera Antamina debe financiar la expansión de sus operaciones, lo que le permitirá procesar los Recursos Naturales de la Nación, con grandes utilidades, con cargo a sus propias utilidades sin acogerse a la exoneración del Impuesto a la Renta.
3. El Gobierno Central debe promover el aprovechamiento sostenible de los recursos no renovables consiste en la explotación eficiente de los mismos, bajo el principio de sustitución de valores o beneficios reales, evitando o mitigando el impacto negativo sobre otros recursos del entorno y del ambiente, tal como lo señala la Ley Nº 26821.
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