Hace 20 años inicie una serie de publicaciones sustentando el porqué del voto de los militares; hoy, escucho con asombro al Presidente Ollanta Humala (militar en retiro) cuestionar el voto de los militares. No demos marcha atras, el voto de los militares no es una conquista, es un derecho.
CIVILICEMOS A LOS MILITARES (I)
Por Francisco Narrea San Miguel
La democracia es un sistema político fundado sobre el pluralismo ideológico, él equilibrio de poderes y el respeto a la voluntad soberana del pueblo al elegir a sus representantes. Un país democrático cuenta con una Constitución que respeta estos principios, con unas fuerzas armadas que la respaldan y deben subordinación absoluta al presidente constitucional.
En un país con régimen dictatorial, las fuerzas armadas ejercen el poder absoluto del Estado o convienen con el dictador en ejercerlo. Es decir, no se subordinan a la dictadura civil, sino pactan con el dictador, en función de sus propios intereses o expectativas.
Para saber cuan profunda es la cultura democrática de una nación, es preciso conocer, la relación entre la sociedad civil y la militar. En anteriores oportunidades y en muchos países de América Latina, los militares sufriendo una deformación ideológica originada por la “doctrina de la seguridad nacional” se han sentido superiores a los civiles y han cuestionado esa subordinación a la autoridad civil, apoyando dictaduras o formando un gobierno militar.
En el Perú, determinados sectores políticos y económicos han tratado de instrumentalizar a las fuerzas armadas para apartarlas de sus funciones y ponerlas a su servicio.
El cuestionamiento por las fuerzas armadas de la autoridad política se origina en la negación de la calidad de ciudadanos a los militares. Si éstos perciben a la democracia como un valor necesario, el sistema democrático los ha excluido del derecho de elegir, olvidando que el militar, como hombre, es igualmente un animal político que piensa y no se conforma con ser simple espectador de los problemas nacionales.
No olvidemos que los militares rotan por el país, percibiendo los problemas del pueblo. Y menos podemos olvidar que están enfrentándose, en una guerra no sólo militar, sino también política, a la subversión. Entonces, ¿por qué no integrarlos a la civilidad?
Por las características propias de su organización y medios, es una fuerza que jamás debe actuar fuera de su marco jurídico. No debe ser utilizaba para desnaturalizar su propia función protectora de la Constitución, para alterar la estructura orgánica del Estado o para apartar a la nación de la vía democrática. Es cierto que la situación de violencia generalizada que vive el país impide la actuación normal de las fuerzas armadas y policiales; pero de ninguna manera se puede justificar una amenaza a la libertad y al Estado de Derecho.
Las fuerzas armadas y policiales se ven acosadas permanentemente por la subversión y, también, por la clase política que, lejos de asumir su rol en la guerra contra la subversión, traslada esta responsabilidad al campo militar. De ahí que, a pesar de la captura de sus cabecillas, Senderó Luminoso continúe la guerra.
En esta situación, como todo grupo humano, las fuerzas armadas podrían tener dos posibles reacciones: rebelarse contra el orden constitucional o desmoralizarse e inhibirse.
La primera reacción puede haber contribuido a respaldar o a estimular al ingeniero Fujimori a dar el golpe de Estado. La segunda mucho más perjudicial para el país fue alimentada por la corrupción y lentitud del aparato judicial para sentenciar a los terroristas, y por la indiferencia del propio Estado para defenderse de la subversión.
El principal esfuerzo; hoy, debe dedicarse a combatir el narcotráfico y la subversión. Las fuerzas armadas necesitan mayores recursos y una clara dirección política para defender a la comunidad nacional contra la agresión subversiva. En las actuales condiciones, es difícil exigirle el grado de eficacia que el país requiere.
El frustrado intento de golpe contra el Jefe de Estado no es un hecho aislado, es una muestra de que algo pasa al interior de las fuerzas armadas: no están en condiciones de resistir presiones o indebidas interferencias políticas que atenían contra su profesionalismo.
Se ha especulado sobre un golpe institucionalista, por medidas discriminatorias contra los oficiales que, reemplazando el criterio técnico e institucional por uno político para los nombramientos y ascensos, están minando la moral de los miembros de las fuerzas armadas. Se dice, además, que se estaría mellando su independencia e imparcialidad ante los antagonismos que caracterizan la vida política de cualquier nación.
La condición de ciudadano que debe reconocérsele a cada militar una de cuyas manifestaciones es el derecho al voto no significa que tengan derecho a la actividad política como estamento, pues es prerrogativa de la sociedad civil.
La participación civil, por otro lado, tampoco debe suplantar ni obstruir la acción militar, sino complementarla.
La pacificación y el desarrollo del país son, pues, tareas solidarias de todos los peruanos. En las sociedades verdaderamente libres, jamás se puso en tela de juicio la solidaridad que existe entre civiles y militares.
(Publicado en Expreso, Pág. 19; 08/12/1992)
